¿Hasta cuándo la impunidad del terrorismo de estado?

Latinoamérica

¿Hasta cuándo la impunidad del terrorismo de estado?

por Cristiano Morsolin

5 de septiembre de 2006

El ex dictador Alfredo Stroessner falleció el 16 de agosto sin haber enfrentado los tribunales de justicia de Paraguay por las violaciones a los derechos humanos registradas durante su régimen. En el discurso de toma de posesión del nuevo presidente de la República de Perú, Alan García se olvida el tema de los derechos humanos y las reparaciones para las víctimas de la violencia política, que siguen pendientes a tres años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que ha documentado 69 mil víctimas campesinas de la población civil. En Ecuador, el ministro de Defensa Nacional demanda a Acción Ecológica que cuestiona por qué se reprime la movilización social cuando denuncia los impactos ambientales que provocan las empresas petroleras. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sigue denunciando las responsabilidades del terrorismo de estado. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente al ex dictador Efraín Ríos Montt para que no declare ante autoridades judiciales españolas que ordenaron el 11 de julio la captura de ex funcionarios acusados de genocidio, terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad.

He entrevistado a algunos destacados defensores de los derechos humanos de Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y Guatemala para preguntar si será posible la construcción democrática en medio de la impunidad. ¿Hasta cuando la justicia va a continuar negándose a juzgar a genocidas y autores de crímenes de terrorismo de estado? Paraguay: El dictador Alfredo Stroessner falleció pero nunca fue juzgado El ex dictador Alfredo Stroessner falleció el 16 de agosto sin haber enfrentado los tribunales de justicia de su país, Paraguay, por las violaciones a los derechos humanos registradas durante su régimen (1954-1989).

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, ha declarado que "ante la muerte en el exilio del ex dictador Alfredo Stroessner, quien durante más de 34 años gobernó al Paraguay con base en torturas y corrupción no debe quedar en el olvido e impunidad. En esos años, la represión, la delación y el autoritarismo fueron usados para el control social y político; años en los que el prebendarismo, el neofascismo y la "democracia sin comunismo" como parte de la ideología de gobierno, se apropiaron del estado y avasallaron nuestra manera individual y colectiva de actuar. El "precio de la paz" tuvo un terrible costo, pagado con destierro, cárcel, desapariciones y muertes por tortura y con la enajenación de bienes públicos y privados que pasaron a manos de los amigos y familiares del dictador. El "orden y progreso" ubicó al país entre los más atrasados y corruptos de América y condenó a amplios sectores de la población a sufrir la ausencia de sus derechos fundamentales, no sólo civiles y políticos sino también los sociales, económicos y culturales. Hoy seguimos pagando y sufriendo las consecuencias de ser parte de un país empobrecido y robado por la dictadura". Stroessner construyó su reino de terror hasta su derrocamiento el 2 de febrero de 1989: el régimen stroessnista dejaba entre cuatro y cinco mil muertos, asesinados en una de las historias dictatoriales más alienantes de América Latina, con el "privilegio" de haber tenido en aquellos tiempos a los presos más antiguos de América Latina, con casi 400 mil víctimas de cárceles, persecuciones y torturas, además de un millón de asilados en el extranjero. Pero también fue uno de los regímenes más corruptos, que con las llamadas leyes de defensa de la paz pública, y de orden interno y democracia estableció un terrorismo de estado cuyos efectos perduran hasta hoy.

Stroesser fue protegido por Estados Unidos, murió "a salvo", gracias a la impunidad que tuvo mucho que ver con todo lo que sabía de sus eternos protectores en Washington. El historiador César Frutos dijo que el ex dictador "aprovechó la coyuntura" en favor de Estados Unidos y ayudó a ese país a "integrar un cinturón de generales, que eran como un ’sindicato de presidentes’ (dictadores) que debían ’defender’ a América Latina de la expansión comunista adentro del Plan Condor, como queria Henry Kissinger (que ganó un Premio Nobel por la Paz con las manos ensuciadas de sangre.). Estados Unidos utilizó a Paraguay como lo utilizaron los nazis, que estuvieron encubiertos allí como amigos directos de Stroessner.

Entre las victimas se encuentra el abogado y ex preso político Martín Almada, premio Nobel Alternativo 2002, que señala: «Fui torturado por orden de Stroessner en el marco del Operativo Cóndor (1974/1977). Mi delito fue haber llevado a la práctica la educación liberadora de Paulo Freire y por haber defendido la tesis en la Universidad de La Plata, Argentina, "Paraguay, educación y dependencia". Mi delito fue tipificado como "terrorista intelectual", que me costó tres años de prisión y la muerte de mi esposa, la educadora Celestina Pérez. Aparentemente el objetivo de las sesiones de tortura era la obtención de la información, en realidad lo más importante para él es mantener activo el dispositivo del terror, por eso el miedo fue nuestra segunda piel. En el "Archivo del Terror" que tuve el honor de descubrir el 22 de diciembre de 1992, con el apoyo de la Justicia, existen toneladas de documentos que prueban la activa participación del ejército a través del Cóndor No.1 y 2, generales Alejandro Fretes Dávalos y Benito Guanes Serrano, y también la participación institucional del Partido Colorado stronista en la sistemática violación a los derechos humanos. Lastimosamente, en democracia nuestro pueblo no ha votado aún por el cambio. (..) Stroessner pasará a la historia como el genocida y a la vez como el traidor a la patria por haber entregado la soberanía nacional al Brasil, convirtiéndonos en una colonia brasileña a través del leonino tratado de Itaipú, la represa más grande del mundo». Mercedes Canese - joven profesora en la Universidad Nacional de Asunción, asesora de algunas organizaciones sociales, entre ellas el Foro Popular por la Energía, fue exiliada en Europa con su familia - evidencia que:

«La reacción respecto a la muerte de Stroessner fue moderada, en todos los círculos, en Paraguay. ¿Por qué? Las víctimas de la dictadura no se han sentido con ánimos para manifestarse, ya que ha quedado a todos la sensación de que no se ha hecho justicia y que una vez más la impunidad ha ganado la batalla, pues Stroessner nunca se presentó en los tribunales para ser procesado. Por otra parte, ha muerto el dictador pero el stronismo sigue vigente y con nueva fuerza, tras las últimas elecciones internas para las municipales donde han obtenido la tercera ubicación dentro del Partido Colorado, de gobierno. Me decía Derlis Villagra, hijo del desaparecido político del mismo nombre (1976), que no sentía que era el momento para manifestarse. Sí lo será cuando los stronistas reivindiquen la figura de Stroessner, intenten traerlo de vuelta a Paraguay o le rindan homenaje públicamente.» «Si bien practicamente no hubo manifestaciones, sí fueron abundantes las declaraciones de ex víctimas de la dictadura, dirigentes sociales, políticos y religiosos, en el sentido de no perder la memoria, por todos los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzosas, secuestros, torturas, deportaciones y exilios ordenados por Stroessner. En ese sentido, la Comisión de Verdad y Justicia sigue trabajando, habiendo recogido más de mil testimonios, entre ellos, recordando a más de 300 desaparecidos. De la misma forma que los familiares pudieron dar sepultura a Alfredo Stroessner, los familiares de desaparecidos esperan alguna vez poder hacer lo mismo con sus seres queridos y esa es una injusticia que 17 años de apertura democrática no han podido revertir».

Argentina: Las responsabilidades políticas no eximen tampoco a la Iglesia jerárquica

La justicia argentina condenó el viernes 4 de agosto al represor Julio ’Turco Julián’ Simón a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar en el país. Se trata de la primera sentencia tras la anulación de las leyes de "obediencia debida y punto final" (que fueron declaradas inconstitucionales el 14 de junio de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de Argentina), que hace dos décadas beneficiaron a más de un millar de acusados de cometer graves crímenes durante el régimen que gobernó el país de 1976 a 1983. El periodista y presidente de la ONG Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbistky, opinó que "lo importante es que este fue el primer juicio con condena tras la anulación" de ambas normas. "Esta causa la comenzaron las Abuelas (de Plaza de Mayo) por la apropiación de la niña y el CELS intervino como parte querellante por la desaparición del matrimonio. Fue un proceso muy largo, pero marca el avance de la lucha contra la impunidad de familiares y organismos de derechos humanos", indicó. "Es un día histórico porque se abre el camino para todos los juicios que faltan", indicó Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuya denuncia dio origen a la causa judicial por la que el viernes fue condenado Simón. Después de asistir a la audiencia en la que el Tribunal Oral Federal 5, de Buenos Aires, dio a conocer la sentencia contra el ex policía, la dirigente dijo a periodistas que "el clamor de las víctimas de este salvaje ha servido para que la justicia actúe" (...) "25 años es el comienzo de una condena, porque faltan muchas y quizás la acumulación haga que este animal se pudra en la cárcel", enfatizó sobre las otras causas judiciales que afronta Simón, alias ’el Turco Julián’.

El camino para encontrar justicia es todavía largo y necesita hacer memoria para no olvidar y también reconocer las responsabilidades políticas que no eximen tampoco a la Iglesia jerárquica.

A 30 años de la oscura muerte del obispo católico argentino Enrique Angelelli, durante la dictadura militar (1976-1983), la cúpula eclesiástica manifiesta por primera vez su voluntad de esclarecer si se trató de un crimen y, en tal caso, de reivindicarlo como a un mártir.. El arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Jorge Bergoglio (en Vaticano está en la lista de los papables y como el periodista Horacio Verbisky denunciò en su libro "El silencio de la ventana", por las relaciones de poderes con la dictadura, que autorizó la persecucion de la iglesia popular, comprometida con los pobres e inspirada en la teologia de la liberacion como el caso de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel por la Paz, del Servicio Paz y Justicia), ofreció el viernes 4 de agosto una misa en la ciudad de La Rioja, en lo que fue un homenaje a Angelelli (falleció el 4 de agosto de 1976 en un presunto accidente de tránsito) sin antecedentes en estos 30 años. Pero Bergoglio no sugirió que su muerte fuera un homicidio, un pronunciamiento que muchos esperaban, sino que reconoció su labor pastoral y su martirio. "Fue testigo de la fe derramando su sangre", dijo, y reconoció que existía un "diálogo amoroso entre el pastor y su pueblo" y que la Iglesia de La Rioja, cuando él estaba "era la Iglesia que se quería desde el Concilio Vaticano II".

Ministros, sindicalistas y entidades de derechos humanos homenajearon el 5 de agosto en Buenos Aires a la italiana Angela Aieta De Gullo, cuya desaparición durante la última dictadura argentina (1976-1983) es investigada por la justicia de Italia. El homenaje se realizó en el mismo lugar donde hace 30 años fue secuestrada Angela Aieta, quien luego fue trasladarla a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención durante los llamados "años de plomo". Entre los presentes se encontraban el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y los ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana; Trabajo, Carlos Tomada, y Educación, Daniel Filmus, además del gobernador bonaerense, Felipe Solá. Angela Aieta De Gullo fue secuestrada en 1976 después de haber participado en manifestaciones para reclamar la libertad de su hijo Juan Carlos Dante Gullo, dirigente de la Juventud Peronista, y, según organismos de derechos humanos, después de casi dos meses de cautiverio, fue pasajera de uno de los "vuelos de la muerte". Con ese nombre se conoce a los vuelos que se realizaban para arrojar a los detenidos vivos al mar desde aviones militares. La Justicia de Italia lleva adelante un juicio en ausencia contra cinco ex militares argentinos acusados del secuestro y homicidio de tres italianos durante la dictadura militar, entre ellos Aieta de Gullo.

Los ex oficiales Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Antonio Febrés están acusados además del homicidio de los italianos Giovanni Pegorato y su hija Susana, además del secuestro de la hija de ésta, nacida en prisión.Todos los acusados están bajo arresto en Argentina a excepción de Raúl Vildoza, que se encuentra en paradero desconocido desde hace más de 25 años.

Dante Gullo, hijo de Angela Aieta De Gullo y experto de derechos humanos comenta que:

«El día 5 de agosto de 1976, en un operativo conjunto, fue cortada la calle Cachimayo a la altura del 1900 y fue tomada por asalto la casa del N° 1940. Por el frente, por los techos, por detrás, personal de las fuerzas represivas irrumpió en la casa de la familia Gullo y secuestró a Angela María Aieta de Gullo (madre de Dante y de Salvador Jorge). En el momento de su secuestro, Dante Gullo estaba preso. Angela María pedía por su libertad y además junto a otros familiares, bregaba por la defensa de los derechos humanos y las condiciones de los presos en la Argentina. Angela María era ama de casa y por ser "madre" fue detenida desaparecida. Angela María estuvo secuestrada en la ESMA. Por recientes relatos de testigos que estuvieron con ella sabemos que a fines de setiembre de 1976 fue sacada del chupadero y que su destino fue el río de la Plata en los "vuelos de la muerte". En la despedida con la testigo que se prestó a declarar, Angela María presiente su destino de muerte y llegan a un pacto con los allí también encapuchados: quien salga de este infierno tiene que denunciar lo allí padecido, quien salga de este infierno tiene que informar sobre los que por allí pasaron».

«Regresando a la actualidad se debe mencionar que la justicia italiana, a través de la decisión adoptada por el juez romano, Claudio Mancinetti, en la audiencia preliminar celebrada el 5 de abril del corriente año, ha decidido enjuiciar a los represores de la ESMA, todos integrantes del Grupo de Tarea No. 3 de ese centro clandestino de detención dependiente de la Armada argentina que funcionó durante la dictadura militar (1976/1983), por la desaparición forzada, tormentos y posible homicidio, mediante los tristemente celebres "vuelos de la muerte", sufrido por Angela Maria Aieta de Gullo, madre del dirigente político Juan Carlos Dante Gullo. La importancia de la decisión del juez Mancinetti radica en que los marinos Emilio E. Massera, Jorge E. Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Raúl Baldosa, Antonio Vanek y Héctor Febres serán juzgados por graves violaciones a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad, por los que no se los juzgó en Argentina a pesar de las innumerables pruebas existentes en su contra, y de los cuantiosos pedidos de extradición efectuados desde el exterior solicitando su extradición. La Fiscalia interveniente ha propuesto como testigos, entre otros, a Horacio Verbisky, Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Luis Duhalde, Angela Boitano, Dante Gullo, Laura Bonaparte y Estela Carlotto, quienes prestarán testimonio en el tribunal competente de la capital italiana durante los meses de octubre y noviembre de 2006. El juzgado interveniente es el mismo que en su momento condenó a los represores Carlos Guillermo Suárez Mason y demás responsables del Primer Cuerpo de Ejército por los graves crímenes cometidos ».

Colombia: Hostigamiento contra los defensores de derechos humanos La población colombiana vive una dramática situación humanitaria marcada por la violencia política, el desplazamiento forzado y masivo, la implicación de las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden público en crímenes, la paramilitarización del país y un estado de impunidad amparado por las más altas instituciones políticas y jurídicas. Al mismo tiempo el gobierno colombiano sigue ignorando las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y continúa sin acatar las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sin mostrar voluntad real para proteger los derechos de las comunidades víctimas de crímenes de lesa humanidad y de destrucciones ambientales y territoriales, como señalan la Defensoría del Pueblo de Colombia y las ONG defensoras de derechos humanos.

La coordinadora del área jurídica y de seguimiento a las políticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiña, en su intervención en el III Encuentro Nacional de Víctimas, dijo que aunque "en el país existen víctimas del abuso criminal del poder, y también víctimas de miembros de grupos armados ilegales que equivocadamente han optado por emplear la violencia contra personas de condición civil, inermes y ajenas al conflicto, contra personas que tras participar directamente en las hostilidades depusieron las armas y contra personas ya puestas fuera de combate", "debe reconocerse que no son ni jurídica ni éticamente parangonables la violencia hecha por agentes del estado y la violencia hecha por individuos de condición privada incorporados a organizaciones subversivas. En efecto, los actos de fuerza ilegítima que comprometen la responsabilidad estatal tienen una singular gravedad, pues con ellos se quebrantan obligaciones internacionales relacionadas con la salvaguardia del ser humano y, en ciertos casos, incluso, se crean amenazas para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad".

Eric Sottas - director del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, en su entrevista del 30 de agosto en Ginebra, ha expresado su seria preocupación por la continuación de serios actos de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia: «En el discurso de posesión de su nuevo mandato, el 7 de agosto de 2006, el señor presidente Álvaro Uribe ha señalado nuevamente la importancia y los avances respecto a la protección del pluralismo, de la libertad de prensa y de la defensa de los líderes sindicales. No obstante, las informaciones recibidas por el Observatorio muestran de manera preocupante que en Colombia el pluralismo no es respetado, sino por el contrario estigmatizado y perseguido. Esto es evidenciado en la reciente serie de actos de hostigamiento que han incluido el allanamiento de las viviendas de varios dirigentes estudiantiles, así como por el recrudecimiento de graves amenazas contra ONG de derechos humanos e indígenas, agencias de prensa especializadas en derechos humanos y universidades, bajo la acusación de apoyar a movimientos guerrilleros. (.) El 4 de agosto de 2006, aproximadamente a las 18:00, el correo institucional de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recibió un mensaje amenazante de parte de una organización llamada "Amigos Colombia Pro Derecha". El mismo mensaje fue dirigido también a las organizaciones de derechos humanos Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Minga, Compromiso, Medios para la Paz, Movimientos de Víctimas de Crímenes de Estado, y las sedes de la Asamblea por la Paz de Arauca, de Pasto y de Valledupar, a las organizaciones indígenas, Organización Nacional Indígena de Colombia y Etnias de Colombia, a las agencias de prensa especializadas en los derechos humanos como el semanario Voz, Notipaco y Prensa Rural, y a las universidades Industrial de Santander, Facultad de Filosofía, y a las Universidades de Caldas, del Valle y del Llano».

Ecuador: Ministro de Defensa Nacional demanda a Acción Ecológica Alexandra Almeida, presidenta de la ONG Acción Ecológica, enfrenta una demanda presentada por el ministro de Defensa Nacional, como representante legal de las Fuerzas Armadas, contra Acción Ecológica ante el juzgado 5to de lo penal por injurias. El argumento de la demanda es que la organización ecológica circuló la noticia de que el defensor de derechos humanos Wilman Jiménez se encontraba desaparecido. Wilman Jiménez fue detenido por protestar contra los problemas ambientales de la compañía petrolera francesa Perenco el 19 de junio del 2006 y estuvo detenido hasta el 5 de julio, cuando fue excarcelado luego de que el gobernador de la provincia de Orellana pagara una fianza.

Las comunidades en la Amazonía, gracias al apoyo de la red Oilwatch, han reforzado su denuncia por la permanente contaminación que provocan las empresas pero ante la ausencia de respuesta, han procedido a diversas formas de presión y denuncia, pero las FFAA, en lugar de proteger a los ciudadanos y el territorio nacional, actúan en favor de las empresas transnacionales petroleras.

Acción Ecológica considera que el tema de fondo de los actuales conflictos en la Amazonía es, por una parte la irresponsable operación de las empresas petroleras en la Amazonía ecuatoriana, que ha determinado que el descontento popular crezca (considerando la exasperación de la violenta represión de agosto 2005), y por otra las relaciones de las FFAA ecuatorianas con las empresas petroleras. Las FFAA, como lo han denunciado autoridades, los medios de comunicación y diversas organizaciones, mantienen vínculos y contratos con las empresas petroleras transnacionales que operan en el Ecuador.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos , frente al uso de la ley por parte de las FFAA ecuatorianas para intimidar al defensor de los derechos humanos de Coca, Wilman Jiménez, con un juicio penal militar y a la activista ecologista Alexandra Almeida con una demanda penal en un juzgado, plantea varias preguntas que pueden ser objeto de un debate público:

«¿Por qué las FFAA juzgan a civiles en cortes militares? ¿Es una estrategia de amedrentamiento el iniciar demandas penales contra defensores de derechos humanos y activistas ambientales? ¿Cuál es el papel de las FFAA frente a la población asentada en la zona petrolera? ¿Por qué se usa la figura del estado de emergencia para controlar las provincias orientales del Ecuador? ¿Por qué se reprime la movilización social que denuncia los impactos ambientales que provocan las empresas petroleras? ¿Por qué los militares resguardan las instalaciones privadas de las empresas petroleras? ¿Por qué se acusa de terrorismo a un ciudadano que participaba de observador de derechos humanos en una marcha de campesinos? ¿Por qué el gobierno no ensaya mecanismos de diálogo con las poblaciones orientales? ¿Cuándo la justicia dejará de ser una herramienta de la fuerza contra los débiles?».

Guatemala: Impunidad para el ex dictador Efraín Ríos Montt Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional española, respaldado por convenios internacionales ratificados por Guatemala, ordenó el 11 de julio la captura de ex funcionarios acusados de genocidio, terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad, incluyendo al ex presidente general Efraín Ríos Montt. La Comisión Internacional de Juristas denunció que la impunidad obtuvo una nueva victoria en Guatemala, al pronunciarse sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que amparó provisionalmente a Efraín Ríos Montt para que no declare ante autoridades judiciales españolas.

Nery Rodenas - director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Ciudad de Guatemala - ha declarado que:

«Los delitos cometidos durante el conflicto armado se consideran de lesa humanidad, es decir que son delitos que ofenden a la humanidad en virtud de que son muy graves. Se afirma que en Guatemala se cometió genocidio, ya que desde el propio estado se planificó y ejecutó una política de exterminio a todas aquellas poblaciones que se supusiera colaboraran con la guerrilla. El informe "Guatemala Nunca Más", elaborado por la iglesia católica guatemalteca, recibió cerca de seis mil testimonios y determinó la existencia de 422 masacres, más de las mitad de las mismas cometidas en el año 1982, época en la que el general Efraín Ríos Montt fue jefe de estado de Guatemala. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico afirma que en más de 600 masacres, aproximadamente el 93% de estos hechos corresponde a fuerzas del estado y patrullas de autodefensa civil apoyadas por el ejército, un 4% a la guerrilla y el resto de origen desconocido.»

«En virtud de que en Guatemala no existen las condiciones adecuadas para la administración de justicia se ha buscado en algunos casos recurrir a la Justicia universal, por medio de la cual se busca procesar a ex jefes de estado vinculados a estos crímenes. La posibilidad de capturar, enjuiciar y castigar a los responsables de los delitos referidos, aunque difícil, abre una esperanza para las víctimas, sobrevivientes y familiares de alcanzar justicia y se convierte en una acción necesaria para lograr la reconciliación verdadera en Guatemala. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el proceso devuelve a las victimas las posibilidades de dignificación y que en su momento fueron tratados como delincuentes, es el camino también para evitar nuevas prácticas en el futuro que atenten contra particulares. Se necesita de la efectiva participación de las autoridades guatemaltecas para hacer efectivas estas ordenes de captura. Nuestro sistema de justicia, además de que favorece la impunidad, muchas veces también afecta el desenvolvimiento de acciones provenientes del extranjero».

Jorge Mtoj, dirigente del Movimiento de Jovenes Mayas y de Conavigua, subraya que "desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, considero que el acceso a la justicia es parte de los fundamentales derechos humanos de las personas y de los pueblos indigenas. Podemos interpretar entonces que asi como tenemos derecho a la vida y existe la obligatoriedad del estado de respetar este derecho, también existe el derecho de los sobrevivientes de exigir al estado la aplicación de la justicia a los que violentan y destruyen la vida. Por lo consiguiente, los pueblos indigenas de Guatemala, especialmente el pueblo maya, apoyamos la orden de captura internacional contra los autores intelectuales del genocidio, porque la justicia en Guatemala está a la orden de la oligarquia y de los militares y no queda otro camino que la justicia universal. Tenemos esperanza de que por medio de la justicia universal se aplique el rigor de la ley a los que pretendieron exterminar nuestra cultura millenaria".

Perú: La justicia viene muy tarde.

A tres años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, diversas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil el domingo 27 de agosto rendieron un homenaje a las víctimas de la violencia terrorista vivida en Perú durante los años 1980 y 2000. Lisa Magarrell, abogada estadounidense, que desde el 2001 es asociada principal del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ha investigado y asesorado en materia de reparaciones en Perú, Timor Oriental, Ghana y Guatemala. Estaba en Lima para la presentación del libro "Reparaciones en la transición peruana, memorias de un proceso inacabado" y ha declarado que "la ley de reparaciones recién aprobada es un paso muy importante, un reconocimiento del estado de la obligación que tiene con las víctimas, y el reglamento que fue aprobado en los últimos días del gobierno anterior. Pero esto hay que hacerlo concreto para las víctimas. Tenerlo en papel es indicativo pero no es el final. El objetivo es que ésto se convierta en políticas reales que se sientan en la población más afectada. Cada país evoluciona a su ritmo. En algunas cosas Perú ha avanzado más rápido, frente a lo que a otros países les ha llevado años. Por ejemplo, en Guatemala vemos que se tardaron años después del trabajo de la comisión para iniciar un programa de reparaciones; pero allí el gobierno más rápidamente facilitó los fondos para las reparaciones. Aquí vemos que hay una ley, pero falta realmente asegurar el financiamiento.Yo creo que cada país tiene sus propias características y contextos y lo que hay que hacer en cada uno es ver que avance lo más rápido posible. La justicia viene muy tarde para mucha gente, pero siempre vale que venga".