Comunicado de prensa XIV Delegación asturiana DDHH Colombia

La paz no llega a los territorios

— La 14 Delegación Asturiana de verificación de Derechos Humanos en Colombia (14 DA) quiere agradecer a las organizaciones colombianas que han preparado su agenda de trabajo (ONIC, CAJAR, FSCPP, ANDAS, CPDH, MOVICE, FENSUAGRO, CNA, CUT, SNTT, PNC, Pastoral Social) y a todas las entidades e instituciones que aportaron datos y valoraciones para el que será el 14 informe asturiano sobre DDHH en Colombia. Nuestra Felicitación por el tejido social y organizativo que ha logrado auto preservarse pese a la persecución en en medio de una guerra que no termina.

— Nos preocupa la situación de los derechos humanos en las regiones visitadas: Arauca, Casanare, Urabá, La Guajira, Buenaventura, Tumaco, Valle y Cauca. Los testimonios y documentos señalan una grave persistencia de las amenazas de muerte, ataques y asesinatos impunes de líderes sociales, por la fuerza pública y los paramilitares extendidos a nuevas regiones. Estos ataques sistemáticos no son propios de una paz precaria sino de una nueva etapa de persecución a muerte contra las contra las comunidades, organizaciones y líderes sociales opuestos a la iniquidad, a la exclusión, a la expansión de la megamineria y a la acumulación por despojo.

— Muy grave es el reclutamiento de jóvenes para grupos paramilitares en San José de Apartadó (en los últimos meses más de 50), Tumaco y Yopal. Las comunidades en Arauca, Cauca y Tumaco están preocupadas por la expansión de grupos armados que copan las regiones abandonadas por las FARC, sin que la fuerza pública actúe de manera eficaz para impedirlo y en ocasiones actuando en connivencia con ellos.

La responsabilidad de este panorama recae sobre el Gobierno y el Estado colombiano que no oye a las comunidades, ni atiende recomendaciones, ni actúa de manera eficaz para desmantelar el paramilitarismo (Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Ejército Anti Restitución, etc).

— El Estado tampoco ha cumplido los Acuerdos de La Habana suscritos por el gobierno y las FARC. Tras la presencia en muchos lugares de violencia contra las personas como en Tumaco, Cauca, Arauca… consideramos que, para acabar con las causas que mantienen la guerra, es fundamental que se cumpla el punto 1 de los acuerdos de paz, para poder abordar de manera realista el punto 4. El acompañamiento internacional (más allá de una compleja estructura institucional que no muestra resultados) debe incidir en el cumplimiento de lo pactado, insistiendo en la sustitución de cultivos ilícitos dialogada y acordada con las comunidades, y desarrollando proyectos alternos.

De lo contrario se seguirá como hasta ahora aumentando la extensión de dichos cultivos y el poder corrupto derivado del tráfico.

— El estado de derecho en que se conforma Colombia parece seguir adoleciendo de medidas efectivas que garanticen el accionar democrático de su población y sus organizaciones. La llegada de la 14DA coincidía con el atentado sufrido por Gustavo Petro en Cúcuta. El día anterior a la llegada de la delegación a la Comunidad de Paz de San José Apartadó, los paramilitares habían ordenado una reunión bajo multa de 500.000 pesos en caso de inasistencia en la Unión . De las amenazas a la Comunidad de Paz acrecentadas al retener a dos paramilitares el 29 de diciembre y entregarlos desarmados, resultaba la necesaria pernocta de esta delegación en dicha comunidad y la exigencia de medidas que aseguren su integridad. Tras reunirse con comunidades indígenas del Cauca el 9 de marzo, recibía un grave atentado con disparos en la espalda el ex-gobernador indígena de Huellas Caloto Nelson Pacué .

— La 14 DA participó de la actividad de memoria junto a sus familiares para con Mario Castaño y Hernán Bedoya en Curvaradó tras cuyos asesinatos y protestas de la comunidad se lograron acuerdos con el gobierno que están pendientes de cumplimientos relativas a:

  • Protección de líderes sociales
  • 47 puntos de presencia y control paramilitar
  • Investigaciones del gobierno que hagan frente a la impunidad
  • Cumplimiento de sentencias todavía no ejecutadas de la Corte Constitucional sobre la restitución de tierras

— La delegación proviene de un territorio al que llega carbón colombiano para sustituir al carbón autóctono. La visita a La Guajira ha permitido constatar que ese carbón exportado por empresas foráneas es arrancado por El Cerrejón a un coste altísimo para las comunidades wayúu que han sufrido la llegada de prostitución, drogadicción, aculturación, robo de agua, despojo territorial de las comunidades, enfermedades, contaminación y desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (entre ellos el de la consulta previa). Este mineral es transportado por medios como el ferrocarril (Yoruja, el diablo), que a su vez genera consecuencias negativas, siega de vidas, roturas en las viviendas, contaminación, separación de comunidades, etc… y llega hasta el puerto, para seguir ruta en grandes barcos agrandando la huella ecológica hasta desembarcar en los puertos asturianos, mientras que en La Guajira se deja pobreza y polución acentuadas. La extracción de materias primas y las desastrosas consecuencias medioambientales asociadas están presentes también en zonas como Arauca y Casanare (empresas Equión y Occidental Petroleum Corporation)

— A la 14 DA le ha sorprendido que en supuestos tiempos de paz haya tanta presencia visual e intimidatoria de ejército en los territorios de Tumaco, Buenaventura, La Guajira, Casanare, Arauca, Apartadó y Cauca, y que contraste esta abundancia de efectivos con resultados escasos de la seguridad de las personas. En varios lugares la se ha constatado que la fuerza pública pone su acento de prioridad en la protección de empresas extranjeras y no de la población en general, como en Yopal (la petrolera Equión) y El Cerrejón, donde el accionar de estas empresas se acompaña de un pie de fuerza represivo en contra de las comunidades, de estigmatización y de amenazas de grupos paramilitares. El modelo de desarrollo basado en la explotación a sangre y fuego del territorio sigue plenamente vigente en el período del post-acuerdo.

— A la 14 DA nos han constatado la necesidad de protección a los líderes sociales por los continuos cambios de la valoración de riesgo de sindicalistas y defensores de derechos humanos como el caso de Lucho Plaza (CUT Bolívar), los cortadores de banano en Urabá, los líderes del Curbaradó y otros líderes sociales y de la CUT.

— Nos preocupa que la dramática situación de Buenaventura con un reciente paro cívico donde posteriormente fue asesinado Temístocles Machado, los trabajadores de la sociedad portuaria han aprobado en referéndum una huelga, lo cual genera incertidumbre sobre la integridad y seguridad de los trabajadores ya que ya han recibido amenazas.

En tema de derechos laborales y garantías sindicales hemos recibido denuncias muy específicas en el Urabá (trabajadores de banano), empresas que impiden la afiliación sindical despidiendo a aquellos trabajadores que se sindican , empresas de subcontrata con una desigualdad enorme en cuanto al salario y prestaciones sanitarias en El Cerrejón y los cortadores de la caña, entre otros.

— La 14 DA ha visitado dos zonas de concentración de excombatientes de las FARC y ha recibido informes muy concretos de incumplimiento del gobierno relativos a los plazos y las burocracias para poder desarrollar lo acordado en términos de proyectos productivos. Encontramos preocupación por el plazo perentorio del 31 de marzo que se contradice con ese incumplimiento del gobierno : falta de territorio, falta de colaboración técnica para el desarrollo de proyectos productivos y una preocupación por que la colaboración para la paz por parte de la Unión Europea se vaya a invertir, a través de multinacionales de la cooperación, que no están preocupadas por realizar proyectos sino de ejecutar fondos. . En estas zonas de concentración nos manifiestan que se sienten como en una cárcel disimulada y que no hay ninguna garantía para hacer campaña electoral en los términos acordados como muestran con cifras de excombanientes asesinados (entre 38 y 50), así como el bloqueo de recursos para realizar una campaña en condiciones normales o como pudimos constatar en la sede del sindicato Sutimac la cual fue atacada en un acto electoral, así como el asesinato de dos excombatientes en Peque, Antioquia mientras hacían campaña para estas elecciones...
Todos estos hechos hicieron que no hayan podido realizar una campaña electoral en condiciones normales. Incluso dificultades para que las comunidades aledañas puedan llegar a la zona por amenazas, hostigamientos y falta de seguridad.

— La 14 DA auspicia el diálogo con el ELN y EPL y se congratula de que se vuelva a sesionar la mesa de Quito: los datos de las elecciones del 11 de marzo parecen mostrar una disminución significativa de la violencia debido al cese unilateral de fuego por parte del ELN.

— Preocupa una vez más el abandono de las personas en desplazamiento forzado y mucho más cuando el propio Defensor del Pueblo constata que la sentencia de la Corte Constitucional de 2004, catorce años después sigue sin cumplirse por parte del Gobierno en materia de derechos de estas personas desplazadas. Hemos recibido testimonios de personas desplazadas en las localidades de Yopal, Buenaventura y Cali de cuyos asentamientos están tratando de expulsarlos en base a falta de atención (derechos, quejas, sanitarios, etc…) y de violencia de la fuerza pública.

La 14 DA ha estado compuesta por

Tania González Peña. Europarlamentaria.

Javier Couso. Parlamentario europeo.

Carlos Meana. Abogado laboralista.

Xana Sarah Ebrecht. Asamblea Moza.

Raquel González. Ingeniería Sin Fronteras.

Marco Antuña. Sindicalista.

Alvaro Villegas. Asamblea Moza.

José A. Gutierrez. Investigador Universidad de Dublín.

Diego Díaz. Asesor Parlamento Europeo.

Javier Orozco. Coordinador Programa Asturiano DDHH.

Javier Arjona. Soldepaz.Pachakuti