20 meses sin Berta

A 20 meses del asesinato de BERTA CÁCERES. Informe del GAIPE-Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas.(*)

“Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres.”

Altas autoridades de Honduras involucradas en asesinato de Berta Cáceres.

El informe revela que el plan implementado para asesinar a la lideresa se inició en noviembre del 2015. Incluso, la información obtenida a través de los registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016.

El documento contiene información acerca de la utilización, por parte de la empresa DESA, de todas sus influencias políticas dentro de gobiernos para lograr la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Y muestra como la empresa, ya en operación, organizaba y lanzaba campañas de desprestigio y criminalización hacia la compañera Berta y hacia el COPINH. Una de las cosas que se ve claramente a trevés de las pruebas que contiene el informe es el plan de persecución que se orquesta desde DESA hacia Berta y el COPINH, mediante pagos a informantes, contratación de sicarios para la intimidación hacia el COPINH, especialmente a la comunidad de Río Blanco y hacia la coordinación general, el sabotaje hacia la radio comunitaria La Voz del Gualcarque, la cooptación de funcionarios públicos para la protección de sus empleados y la persecución a integrantes de COPINH.

A través de las páginas del informe se evidencia el doble papel de los aparatos de seguridad del estado, por un lado desprotegiendo al COPINH y a Berta, pero por el otro brindando total protección y cobertura a la empresa DESA.

Una de las conclusiones más impactantes y claras del informe, que reafirma lo denunciado por el COPINH y la familia, es que el asesinato de Berta fue concebido por altos funcionarios de la empresa DESA, en contubernio con entes estatales, quienes no solamente la desprotegieron sino que informaban a la empresa de sus movimientos y se encargaban de criminalizarla.

En un apartado se habla de la banca internacional, que no queda exenta; en el informe se expone cómo el FMO, FINNFUND Y EL BCIE no podrían haber ignorado la violación de derechos humanos por parte de la empresa hacia el COPINH. Y cómo su financiamiento es fundamental para la continuación de violaciones a la comunidad y la permanencia de la empresa en el territorio Lenca.

Quedan grandes preguntas dirigidas al Estado de Honduras, en especial hacia el ministerio público. Cuestionamientos en torno a la investigación, la intencionalidad y funcionalidad de la secretividad en torno a la investigación, la violación del derecho a las víctimas a la participación integral en la investigación, la falta de imputaciones a individuos con clara responsabilidad en el asesinato, y la falta de investigación de otros delitos alrededor del asesinato de nuestra compañera, delitos como la asociación ilícita, corrupción, entre otros.

Es totalmente estremecedora la estructura criminal que se monta para frenar al COPINH, y que hoy en día no ha habido ninguna acción por parte de estado para desmontarla. Queda la gran pregunta; a pesar de las pruebas, de los distintos esfuerzos del COPINH, de la familia de Berta, de los Abogados, las diversas organizaciones de Honduras y del Mundo, veremos, juicio y castigo a los autores intelectuales del asesinato de nuestra Berta o las negligencias en la investigación, el poder político, mediático y económico de la empresa DESA llevará este crimen a la impunidad. Y sobre todo, cómo el pueblo superará la impunidad y hará justicia.

“El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores es la culminación de una serie de agresiones en su contra, respecto a comunidades integrantes de COPINH y familiares, quienes han continuado siendo víctimas de diversos ataques, como lo evidencian los hechos documentados y verificados por el GAIPE. Las agresiones en contra de Berta Isabel Cáceres Flores son consecuencia de haber sido considerada como “enemiga” por su liderazgo como mujer, indígena, ambientalista, lideresa política y social, comprometida con las demandas sociales frente a la violación de los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Según la evidencia que a la fecha ha entregado el Ministerio Público, Berta Isabel Cáceres Flores, personas integrantes del COPINH y familiares fueron sometidos a un sistema de control, vigilancia, y seguimiento que incluía una red de informantes establecida por agentes de DESA en coordinación con miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Esa red le permitió a agentes de DESA y del Estado llegar a tener información detallada no solamente de la vida pública, sino aspectos de la vida personal y familiar de Berta Isabel Cáceres Flores y de personas integrantes del COPINH, la cual ha sido empleada, incluso, luego del ataque efectuado el 2 de marzo del 2016.”

“El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo.”

“El otorgamiento de concesiones en territorios de los pueblos indígenas, sin haber efectuado la consulta previa, informada y de buena fe es violatorio de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, dado el carácter imperativo de lo dispuesto en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT.”

“La política de explotación de recursos naturales en Honduras, impulsada por el gobierno en alianza con el sistema financiero y empresas nacionales e internacionales, ha generado violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y la ruptura del tejido social de numerosas comunidades, se han visto particularmente afectados los derechos del pueblo Lenca y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)”

“Los directivos de DESA implementaron una serie de acciones para neutralizar la oposición del COPINH, en este sentido se realizaron: campañas de desprestigio en su contra, instrumentalización a las comunidades para generar ruptura del tejido social y división, infiltración, seguimientos, amenazas, sicariato, sabotaje de equipo de comunicaciones, cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad, fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado para ejecutar ataques sistemáticos en contra de quienes se oponían al proyecto. En este marco, se configuraron violaciones al honor, la libertad, la integridad y la vida de numerosas personas de las comunidades afectadas, de Berta Cáceres Flores y otras personas integrantes del COPINH”.

“El Ministerio Público ha incurrido en violaciones al derecho de las víctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que está previsto en la propia legislación hondureña así como en los estándares internacionales, lo cual vulnera la garantía del debido proceso, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación.”

“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres, así como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados. “

“La prueba existente es suficiente para procesar por otros delitos a personas del nivel directivo, gerencial, y operativo de DESA, así como a numerosos agentes estatales, e inclusive ampliar las acusaciones respecto a actuales imputados. Algunos de estas conductas delictivas previstas en la legislación hondureña son: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.”

“Los recursos proveídos a DESA, a través del sistema financiero internacional fueron determinantes para incrementar los niveles de violencia en las comunidades, así como, los ataques sistemáticos en contra de comunidades integrantes del COPINH y Berta Isabel Cáceres Flores.”

El GAIPE recomienda a Empresas, Instituciones Financieras, Países Donantes:
“Asegurar que los proyectos de desarrollo o inversión respeten y garanticen la obligación de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre las iniciativas desarrolladas en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales y se respete la decisión de los pueblos indígenas sobre su visión de desarrollo.

Adoptar todas las medidas necesarias para que se garantice el derecho a defender derechos humanos de aquellas organizaciones de la sociedad civil, personas de las comunidades afectadas u otros actores que se oponen a las políticas de explotación de recursos naturales y bienes del Estado, esto debe implicar que se escuchen sus reclamos y se adopten acciones para resolverlos adecuadamente.”

El GAIPE recomienda: A la comunidad internacional:

• “Apoyar y fortalecer los procesos de monitoreo y auditoria social en torno a las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas en el contexto de violencia que vive la sociedad hondureña, así como, en la promoción y defensa de los derechos humanos ante los proyectos de explotación de recursos naturales y bienes del Estado.

• Acompañar las demandas de verdad, justicia y reparación como mecanismo para garantizar la construcción y consolidación de sociedades menos violentas en las que, el respeto a los derechos humanos, sea incorporada como una práctica cotidiana por agentes estatales, empresas y sistema financiero.

• Acompañar las demandas de verdad, justicia y reparación de la familia de Berta Isabel Cáceres Flores, personas del COPINH, y de todos aquellos actores que reclaman la superación de la impunidad y arbitrariedad en el ejercicio de las funciones estatales respecto de la explotación de recursos naturales y bienes del Estado.

• Insistir ante el Estado para que se realicen las adecuaciones normativas y se implementen medidas efectivas que garanticen el pleno ejercicio de las personas que, individual o colectivamente, promueven y defienden la vigencia de los derechos humanos, en general; y, especialmente, los vinculados con las políticas de explotación de los recursos y bienes del Estado.”

(*)Ante esa negativa del gobierno hondureño a realizar una investigación independiente, la familia, y el COPINH, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes. Es así como, en noviembre de 2016, surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado. Desde esa fecha, el GAIPE realizó cuatro viajes a Honduras; entrevistó a más de treinta personas; estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diez procesos penales por denuncias del COPINH y acciones legales instauradas por la ausencia de consulta previa, libre e informada en el Proyecto Agua Zarca. Además, tuvo acceso parcial a la prueba contenida en el proceso por el asesinato de Berta Isabel Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.