Agrocombustible asturiano, perjuicio colombiano

Borrador
Comunicado de prensa

 Agrocombustible asturiano, perjuicio colombiano

El Ayuntamiento de Gijón será socio de la empresa Ingemas en la planta de biodiesel que se construirá en el muelle de El Musel en Gijón para procesar aceite de oleaginosas como la palma africana que sembrará en territorios del departamento del Vichada, Colombia.

Este proyecto genera muchas y delicadas inquietudes:

1. LA RESPONSABILIDAD ASTURIANA.

La empresa Ingemas, ganadora del concurso para construir y explotar la planta de biodiesel de Gijón es en un 98,98% de capital suizo, los socios del Ayuntamiento serán inversionistas extranjeros que actúan en el mercado de la economía financiera especulativa lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la inversión pública que se canalice través de Ingemas e Iberastur.

La enorme distancia para el traslado de las semillas de las que se extrae el aceite hará más costoso ambientalmente el proyecto pues se traerán desde la plantación hasta Puerto Carreño en Colombia, de allí a través del río Orinoco hasta Puerto Ordaz en Venezuela, y de ahí por mar hasta El Musel, para su distribución por Europa.

No basta con cumplir las condiciones medio ambientales en Asturias porque las responsabilidades con el medio ambiente son globales y obligan a preguntárselo. No se puede resolver el problema de sustituir los combustibles fósiles en el norte, creando un problema mayor destruyendo los bosques húmedos tropicales que oxigenan el planeta desde el sur. Hay estimaciones que muestran que generar energía a partir de cultivos requiere más energía fósil que la energía que producen, y no reducen sustancialmente las emisiones de gases con efecto invernadero cuando se incluyen todos los factores en los cálculos. Más aún, causan irreparables daños a los suelos y al medio ambiente.

2.- POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES EN COLOMBIA

La decisión de la Unión Europea de impulsar los biocombustibles como sustitutos del petróleo compromete ecosistemas valiosos y enormes extensiones de tierras fértiles de varios países empobrecidos del mundo donde se debería plantar alimentos y preservar la biodiversidad del planeta. Para el caso del proyecto no se conocen los estudios sobre el impacto ambiental de la siembra masiva de palma africana u otras oleaginosas en el territorio del Vichada, pero se sabe que los suelos de la altillanura no son aptos para explotaciones intensivas debido a que son suelos en formación con altos de aluminio lo que requiere mucho fertilizante para estabilizarlos; lo que habría que hacer es proteger el suelo, no pensar en arbóreas para construirlo. No se ha hecho el primer estudio sobre densidad de siembra en la altillanura, falta mucha investigación.

Las plantaciones masivas de palma u otras oleaginosas, no son bosques, son ecosistemas uniformes, desiertos verdes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad, haciendo decrecer la producción de agua, modificando la estructura y la composición de los suelos, alterando la abundancia y la composición de especies de flora y fauna que son parte del sustento de la población nativa.

3-. IMPACTO EN LAS COMUNIDADES LOCALES

La situación de derechos humanos es el Vichada ya es critica porque el desplazamiento forzado de la población empezó hace 30 años durante los cuales los paramilitares han “limpiado” de campesinos las riberas del río Meta. Los indígenas de los pueblos Guahíbo, Sikuane, Piaroa y otros que habitan región, están sometidos por los paramilitares, tienen sus organizaciones propias y hasta la fecha el gobierno colombiano no les ha hecho la consulta previa obligatoria en relación con el proyecto como lo exige la Ley y el Convenio 169 de la OIT. Esta sería una oportunidad para que se expresaran, no digamos que con libertad, pero al menos con alguna posibilidad al respecto

Ya hay graves antecedentes en los que empresarios palmeros colombianos han usado el terror desatado por los grupos paramilitares para usurpar los territorios de las comunidades afro colombianas y sembrar palma africana causando el desplazamiento forzado de las poblaciones y un enorme impacto ambiental ligado estrechamente a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos.

En Colombia, entre cuatro y seis millones de hectáreas de los desplazados se encuentran actualmente en manos de los grupos paramilitares, desalojadas a sangre y fuego. Incluso el Procurador de la Nación ordenó una “protección efectiva de los territorios que ya han sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra extensiva de palma aceitera”. Sin embargo, el gobierno de Alvaro Uribe incumple todas sus obligaciones, incluso las adquiridas en la última Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las empresas como URAPALMA cesen sus actuaciones de siembra de palma aceitera de forma ilegal y con la ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército Nacional y de civiles armados.

Políticamente el proyecto se ha enmarcado dentro de los planes de reinserción de los grupos paramilitares y de subordinación de los campesinos desplazados a los paramilitares reinsertados. Desplazados convertidos en obreros de un megaproyecto y controlados por reinsertados paramilitares que harían el control militar de los trabajadores, de los indígenas, de la región y de la sensible frontera con Venezuela.

La compañía Ingemas informó que se asoció con Agroforestal de Colombia para desarrollar en una franja de 90.000 hectáreas fronteriza con Venezuela el cultivo de oleaginosas con autorización del gobierno colombiano que consideró el proyecto de interés nacional porque crearía 6.000 puestos de trabajo y otorgó la concesión de 90.000 hectáreas por un periodo de 80 años pudiendo pasar a titularidad de la empresa que las explota. Antes de ese plazo estará ejecutado el Plan de Interconexión de los ríos de Suramérica y estos suelos se valorizarán espectacularmente, razón por la que los pueblos de los márgenes del río Meta vienen siendo desplazados por la violencia paramilitar de sus propiedades.

Este proyecto en el que intervendrá dinero público de los Ayuntamientos de Gijón y Avilés viene a reforzar la estrategia de dominación territorial del proyecto político de la extrema derecha colombiana, responsable de crímenes de lesa humanidad, del expolio violento de cinco millones de hectáreas de tierras a los campesinos y de la devastación de decenas de miles de hectáreas de bosque húmedo tropical.

Esta información ha sido trasladada a las Autoridades Asturianas por los colectivos:

Ecologistas en Acción, Coordinadora Ecoloxista Asturiana, Soldepaz.Pachakuti, Picu Rabicu, ACSUR-Las Segovias.

Enlaces:

Ingemas invierte en Colombia cultivo oleaginosas para biodiesel
http://www.finanzas.com/id.9081848/noticias/noticia.htm

Ingemas y un empresario asturiano desarrollan en Colombia el mayor proyecto de biodiésel del mundo
http://www.elcomerciodigital.com/pg060514/prensa/noticias/Portada/200605/14/GIJ-ACT-201.html

La empresa Natura se hace con la planta de biodiesel que se instalará en El Musel, en Gijón
http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/natura_musel_gijon_1080805.htm

El consejo del puerto adjudica la planta de biodiésel a Natura
http://www.lavozdeasturias.com/noticias/noticia.asp?pkid=294081

Duro Felguera construirá la segunda planta de biodiésel en El Musel
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20061205/portada/duro-felguera-construira-segunda_20061205.html

Plantación
http://www.erpasa.com/biocombustibles.htm#plantacion

Junio 13, Erpasa iniciará producción de Biodiesel
http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=6787&IDCompany=16

La planta de biodiésel de Jiménez Belinchón producirá 250.000 toneladas al año
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1395&pIdSeccion=35&pIdNoticia=441691

JUAN CARLOS JIMENEZ, NOMBRADO PRESIDENTE DE GRUPO NATURA
http://www.acceso.com/display_release.html?id=32703


 Observaciones de Ecologistas en Acción por la planta de biodiésel en el Puerto El Musel

D. Tom Kucharz con NIE Nº X-6083316-T, en nombre y representación de la asociación Ecologistas en Acción-CODA, entidad declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, de la que es portavoz, con domicilio en la calle Marqués de Leganés 12 bajo, de Madrid 28004, en relación al anuncio de la Autoridad Portuaria de El Musel de adjudicar un proyecto de construcción y explotación de una planta de biodiésel en el Puerto El Musel presentamos las siguientes observaciones:

1. La empresa ganadora del concurso para construir y explotar la planta

Según las informaciones en la prensa la empresa Vanotti & Partner, con sede en la localidad suiza de Meilen (Zúrich), posee el 98,98% de la empresa Jiménez Belinchón, S.A., que es, a su vez, matriz de Natura, la compañía ganadora del concurso para construir y explotar una planta de biodiésel en el muelle de La Osa en el Puerto El Musel de Gijón. El grupo Jiménez Belinchón desarrolla una parte relevante de sus negocios en Castilla-La Mancha y era prácticamente un desconocido en Asturias hasta que la Autoridad Portuaria de Gijón le adjudicó la planta de biodiésel, por la que pujaban otros seis grupos empresariales, varios de ellos con participación de socios asturianos. Según el periódico La Nueva España “la referencia al accionista principal de Jiménez Belinchón figura en la memoria anual de esta empresa correspondiente a las cuentas del año 2004, depositada en el Registro Mercantil de Madrid. En la citada memoria sólo figura el nombre de la empresa, sin más explicaciones sobre la misma”. [1] En el proyecto para la planta de Gijón Jiménez Belinchón acude con Ahorro Corporación como socio financiero de Natura. Esta entidad de crédito, vinculada a las cajas de ahorros españolas, ya participa en la financiación de otra planta de biodiésel que inaugurará en 2007 el grupo manchego en la provincia de Toledo.

Preocupa la adjudicación del proyecto a una empresa resultante de inversiones extranjeras que actúan en el mercado de la economía financiera especulativa.

En los años ochenta se produjeron importantes cambios en las correlaciones de fuerzas entre el poder político y económico. La paulatina imposición de las políticas neoliberales, y la intensificación de los procesos de globalización económica y financiera [2], supusieron la progresiva emancipación del gran capital productivo y especulativo respecto del control político. Una operación que no se produce por generación espontánea, sino que es preparada y organizada desde los principales centros del poder económico y financiero. La brusca elevación de los tipos de interés en EEUU a finales de los setenta (1979), desata la crisis de la deuda externa en los países del Sur, como resultado del abultado endeudamiento en que éstos habían incurrido en los setenta. Este endeudamiento fue incentivado, aparte de por las políticas del BM y del FMI, por el reciclaje de los llamados “petrodólares” hacia este espacio a lo largo de dicha década; “petrodólares” amasados por los países productores de petróleo como resultado de la fuerte subida de los precios del crudo en los setenta (crisis energéticas de 1973 –guerra árabe-israelí- y de 1979-80 –revolución iraní y guerra Irak-Irán), y que fueron inyectados por los países de la OPEP, para revalorizarlos, en el sistema financiero internacional. La amenaza generalizada de impago de la deuda externa, crea una situación enormemente delicada, de fuerte crisis, al sistema financiero internacional. Esta situación es aprovechada por los centros de poder económico y financiero del Norte para salir de ella reforzados, imponiendo unos durísimos Programas de Ajuste Estructural (PAES) a los países de la Periferia Sur, a través del FMI y el BM. La imposición de estos programas acaban derivando en las llamadas “revueltas del hambre”, que son reprimidas provocando centenares de muertos en muchos casos. Los PAES se aplican no sólo con el objetivo de que los países del Sur satisfacieran el servicio de la deuda, con el fin de que no colapsara el sistema financiero internacional, sino que su diseño responde también a objetivos más ambiciosos. En la Periferia, del orden de 1.500 millones de personas, 70% de ellas mujeres, se encuentra en la pobreza y exclusión más absolutas, almacenándose principalmente en los cinturones de miseria de las mega-ciudades del Sur y en las metrópolis del Este. El resto de sus poblaciones urbanas sufre los programas de ajuste estructural que les imponen las instituciones financieras globales para hacer frente a una deuda externa en constante aumento, o lidiar con las crisis financieras que incentiva la libre circulación mundial de capitales.

Por otro lado, las crisis económico-financieras y las políticas neoliberales que han caracterizado la década de los noventa, están propiciando una profunda quiebra de gobernabilidad política en muchos países, provocando en algunos de ellos el mayor o menor colapso de la estructura institucional del Estado, y en todos ellos una deslegitimación política insoslayable.

La actual coyuntura económica mundial –con una incertidumbre creciente y el aumento de los precios del petróleo- señala que se pueden repetir escenarios parecidos o más graves a los que se han vivido en los años de la crisis energética mundial de los años setenta. Lo que conllevaría un fuerte ajuste de la economía mundial y una crisis financiera. Empresas de tipo Natura serán las entidades que se verán afectados por los vaivenes de la economía mundial. Las crisis financieras han llevado a países enteros a la quiebra y en el caso español no sería la primera vez que una empresa financiera se ve afectado por una quiebra (ver los recientes casos de Fórum y Afinsa). Los efectos serían desastrosos tanto para la inversión pública que se pretende realizar en el presente proyecto así como para las personas empleadas en el mismo.

2. Características del biodiésel

En la evaluación del impacto ambiental de la planta de producción de biodiésel no se trata únicamente verificar si el proyecto cumpla con las condiciones mediambientales para evitar, por ejemplo, malos olores, contaminaciones o vertidos en la zona, sino analizar los impactos ambientales asociados a la producción de la materia prima para la producción de los biocombustibles.

2.1.¿Qué son los biocombustibles?

Los biocombustibles se derivan de cultivos de plantas, e incluyen biomasa que es directamente quemada, biodiesel de semillas oleaginosas y etanol (o metanol) que es el producto de la fermentación de los granos, pasto, paja o madera. Los biocombustibles han ganado fama como “energías renovables” que son “libres de carbono”, por lo que “no producirían gases con efecto invernadero”; simplemente al quemarlos, el dióxido de carbono que las plantas tomaron cuando crecían en el campo, regresa a la atmósfera.

Sin embargo, hay varios aspectos que no son tomados en cuenta en este análisis. Por ejemplo, los cultivos destinados a biocombustibles, ocupan tierras valiosas que podrían usarse para cultivar alimentos, especialmente en países empobrecidos. Hay estimaciones realistas que muestran que generar energía a partir de cultivos requiere más energía fósil que la energía que producen, y que no reducen sustancialmente las emisiones de gases con efecto invernadero, cuando se incluyen todos los factores en los cálculos. Más aún, causan irreparables daños a los suelos y al medio ambiente.

El biodiésel es un combustible apto para el transporte motorizado obtenido a partir de aceites vegetales y que es capaz de ofrecer similares prestaciones a las del gasóleo. Se obtiene en su mayoría mediante el uso de grasas vegetales (colza, girasol, soja, palma y otras). El biodiesel, provenientes de la energía generada por cultivos agrícolas, ocupan tierra de cultivos alimenticios y producen menos energía que la usada para producirla; también afectan el medio ambiente y causan desastres económicos.

2.2 Los biocombustibles de cultivos no pueden sustituir a los combustibles fósiles

Las mayores trabas para la masificación de estos productos, son la disponibilidad de tierras para cultivar las plantas, la tasa de producción de cultivo y la eficiencia en la conversión energética, aunque lo económico también tiene su cuota. David Pimentel, profesor de la Universidad de Cornell en Nueva York y Tad Patzek, profesor de ingeniería química en la Universidad de Berkeley en California, estudiaron el balance energético y económico de producir biomasa, etanol o biodiesel a partir de maíz, “switchgrass” (pasto varilla), madera, soya y girasol, usando el análisis, generalmente aceptado, del ciclo de vida. Aunque hay mucha controversia sobre el balance de energía del etanol y biodiesel, el balance energético de la biomasa por cosecha es generalmente menos sujeto a disputas, por lo que es un buen punto de inicio para el debate. Un rápido cálculo muestra que aunque todas las fincas de los Estados Unidos fuesen convertidos en productoras de pasto tipo “switchgrass”, no producirían suficiente etanol para abastecer el consumo actual de combustibles fósiles.

El pasto “switchgrass” tarda varios años en madurar, la cosecha puede ir desde un rango de 0 - pérdida completa-, hasta obtener 20 toneladas o más por hectárea, dependiendo de la cantidad de lluvias. Una cosecha de 15 t/ha es considerada buena y puede proveer cerca de 250 GJ/ha de energía química bruta al año. Si esta energía es convertida con un 70% de eficiencia, en electricidad, etanol, metanol etc., podría tomar al menos 460 millones de hectáreas para producir los 80EJ (ExaJoule = 1018J) de energía fósil usada en los Estados Unidos cada año. Todas las fincas de Estados Unidos tienen un total de tierras de 380 millones de hectáreas, de las cuales 175 millones se destinan a áreas de cultivo y cosecha. Claramente, los cultivos bioenergéticos son una mala opción.

2.3 ¿Se obtiene más energía de los biocombustibles que de la energía fósil que se ha usado para obtenerla?

Hay un gran debate sobre el balance de energía para hacer etanol o biodiesel de cultivos bioenergéticos. Los resultados de David Pimentel y Tad Patzek sostienen que el balance de energía de todos los cultivos, con los métodos de procesamiento actuales, se gasta más energía fósil para producir el equivalente energético en biocombustible. Así, por cada unidad de energía gastada en energía fósil, el retorno es 0,778 de energía de metanol de maíz; 0,688 unidades en etanol de “switchgrass”; 0,636 unidades de etanol de madera y el peor de los casos, 0,534 unidades de biodiesel de soya.

Muchos científicos son críticos de las estimaciones que dan un balance positivo de energía precisamente porque ellos dejan de lado toda esta inversión en energía que fue necesaria para obtener el cultivo. Se debe además incluir los costos del tratamiento de desperdicio y desechos, o los impactos ambientales de los cultivos bioenergéticos intensivos como la pérdida de suelos y la contaminación ambiental por el uso de fertilizantes o plaguicidas.

3. Consecuencias socio-ambientales de la producción de biodiésel a partir del aceite de palma con origen en Colombia

La compañía Ingemas informó el 12 de junio de 2006 que se ha asociado con la firma Agroforestal de Colombia para desarrollar en una franja de 90.000 hectáreas fronteriza con Venezuela “el cultivo de oleaginosas autóctonas y la producción de aceite para biodiesel con un volumen anual de 300.000 toneladas y una inversión de 180 millones de euros”. Según la agencia Europa Press el proyecto de biodiésel comenzará a dar frutos a partir de 2007, fecha en la que está prevista la plantación de las primeras 20.000 hectáreas de semillas para producir este producto energético. Los primeros cargamentos llegarían a El Musel en 2008, donde está prevista la implantación de dos tanques de almacenamiento del producto.

El Gobierno colombiano, que catalogó el proyecto de interés nacional, ya que creará supuestamente 6.000 puestos de trabajo, otorgó la concesión de las 90.000 hectáreas cercanas a la frontera con Venezuela por un periodo de 80 años. Sin embargo, los terrenos podrán pasar a titularidad de la empresa que los explota una vez que den frutos. El traslado de las semillas desde la plantación hasta el puerto colombiano de Careño se hará a través del río Orinoco, para ser trasladado hasta Venezuela, al puerto Ordaz, y de ahí el cargamento directamente hasta El Musel para su distribución por Europa. La previsión es que dentro de 4 años puedan comercializar 600.000 toneladas, 300.000 de aceite y otras 300.000 de torta proteínica o harina, que se utiliza para piensos de alimentación animal. Los primeros cargamentos llegarían a Gijón entre marzo y abril de 2008, que será puerta de entrada a Europa. En El Musel se prevé la instalación de los dos tanques, con una capacidad de 30.000 toneladas.

Respecto a un posible ataque de las Fuerzas de Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente de Ingemas manifestó que ’riesgo lo hay en todos los sitios’. No obstante, añadió que en la zona ’hay destacamentos militares’ por lo que es un área ’muy protegida’.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón explicó que el Ayuntamiento es ’socio’ en el proyecto, ya que tiene una participación en Ingemas a través de Iberastur, empresa de fondos de capital de riesgo, que está participada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los ayuntamientos de Gijón y Avilés y las cajas de ahorros de Asturias y Cantabria.

3.1 ¿Que es la Palma Aceitera?

La palma de aceite es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad de superficie. Originaria de los países africanos, ha sido exportada a varias partes del mundo. Desde hace mucho tiempo, los cultivos de palma han dejado de ser utilizados para cubrir las necesidades tradicionales de pequeñas comunidades y actualmente son destinados a la producción y exportación a gran escala (monocultivo industrial).

El aceite de palma se usa como aceite de cocina, en la producción de margarinas y entra en la preparación de productos industriales de panadería, pastelería, confitería, heladería, etc. Por otro lado se utiliza ampliamente en la producción de cosméticos, detergentes y jabones, así como en la fabricación de pinturas, velas, cremas para zapatos, tinta de imprenta, en la industria textil y del cuero. Entre los usos más esperados en el futuro se encuentra la producción de combustible (biodiesel). En Colombia, existen varios proyectos avanzados sobre la utilización del combustible obtenido del aceite de palma como sustituto del diesel para motores.

Inicialmente, el producto provenía exclusivamente de países africanos, especialmente de Nigeria, pero a partir de 1930, la competencia de los países asiáticos (Malasia) se hizo más fuerte y en 1966 la producción asiática superó la africana. Según cifras de la FAO para el 2002, la producción mundial de fruto de aceite de palma ha sido de 131 millones de toneladas, de éstas han sido extraídas casi 30 millones de toneladas de aceite, siendo Malasia (41,5%), Indonesia (36,5%), Nigeria (3,8%) y Tailandia (2,9%) los principales productores. [3] La mayoría de la producción es utilizada para el consumo interno, aunque las exportaciones han aumentado paulatinamente desde la “Revolución Verde”, o sea, la conversión del campo en una “fábrica exportadora”. Los 15 países exportadores de aceite de palma en 2001 fueron: Malasia, Indonesia, Holanda, Papua Nueva Guinea, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Costa de Marfil, Tailandia, Honduras, Colombia, Costa Rica, Reino Unido, Italia y Bélgica. Aquí hay que diferenciar entre producción, que se da únicamente en países de clima tropical, y exportación de aceite, en la que participan empresas de otros países que compran el aceite crudo y lo procesan, como Holanda y Alemania. Es importante señalar que el aceite de palma representa el 52% del mercado mundial de aceites vegetales. Las exportaciones de aceite tuvieron en el 2001 un valor estimado de 7.500 millones de US-dólar para un total de 20,3 millones de toneladas, siendo India, China, Pakistán, Holanda y Alemania los cinco mayores importadores de este producto.

El precio medio mundial del aceite de palma oscila entre 250 US-dólar por tonelada métrica (enero 2001) y 540 US-dólar (mayo 2004). Este incremento es debido a la creciente demanda de aceites vegetales por parte de países como China e India. Algunos medios estiman que los consumidores chinos utilizan unos 14 kilos de aceites y grasas al año frente a los nueve kilos de hace cinco años. [4] Sin embargo los precios han sufrido una caída importante desde 1950 hasta el año 2004, de 1.800 a menos de 300 US-dólar por tonelada.

3.2 Consecuencias

Se ha demostrado en múltiples estudios científicos que las grandes plantaciones de monocultivo en una agricultura intensiva y destinada a la exportación destruyen el medio ambiente y el empleo rural porque convierte a las pequeñas parcelas en grandes cultivos que son operados mecánicamente. El caso de la soya, por ejemplo en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, está demostrando como en los países productores los pequeños agricultores migran del campo a la cuidad por la falta de tierras para cultivar los alimentos básicos, por la concentración de tierras y por falta de empleo.

En el sector de la palma de aceite ha prevalecido un modelo empresarial vertical, en el que todos los procesos que van desde la plantación hasta el producto refinado están integrados, lo que, por otro lado, requiere una capacidad de inversión grande. [5] Este modelo ha beneficiado a los inversores y a las empresas pero no a los pobladores. Aumentó la desigualdad, se quitó a los campesinos su subsistencia, se les ha precarizado y desestructurado el modelo de vida. No llegó el bienestar, ni los servicios públicos prometidos ni “el empleo para todos”. El beneficio económico y político a corto plazo ha constituido el fin principal para el impulso de estos cultivos, sabiendo perfectamente los efectos que sobre la población vulnerable y el medio ambiente tiene este monocultivo. El mega-cultivo de palma implica la pérdida de bosques tropicales y de su riqueza en biodiversidad. Valgan como ejemplo los gigantescos incendios forestales en Indonesia en 1997, causados por las grandes empresas palmicultoras, que hallaron más barato “limpiar” el área mediante el uso de fuego [6] que realizar una plantación en tierras ya destinadas a la agricultura; un método similar al utilizado por las empresas de plantación de soja en la selva amazónica de Brasil. Según estudios científicos, el cultivo de palma convierte el territorio en un “desierto verde”, secando los afluentes naturales de agua y los humedales. [7] Muestras analizadas en zonas palmicultoras de Ecuador revelaron, además, que la utilización de fertilizantes e insecticidas aumentó la concentración de elementos químicos en el agua, que sobrepasaron los límites para consumo humano, riego, ganado y vida acuática, causando daños a la salud humana y al medio. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt afirmó que “las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad, decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de flora y fauna y se pierde la base del sustento de la población nativa”. [8]

Frente a la invasión de las empresas palmicultoras, los legítimos propietarios de las tierras han tratado de resistir de forma pacífica. Los gobiernos responden en muchos casos con la violencia, enviando al ejército o a grupos paramilitares que han dado muerte, herido, amenazado, arrestado arbitrariamente o hecho desaparecer a los representantes campesinos, indígenas o a grupos étnicos. Las empresas mismas son protegidas por guardias armados que desarrollan funciones parecidas, con la acción u omisión del Estado.

Para mantener los costes laborales bajos y aumentar las ganancias de las empresas, las condiciones de trabajo en las plantaciones son arduas, los salarios por debajo del los mínimos legales, sin contratos, de forma temporal y sin recibir asistencia médica, contribuciones a las pensiones o vacaciones; no se permite la creación de sindicatos, y además, se han verificado casos de violencia y acoso sexual.

Si se comparan los grandes países cultivadores de palma, podemos señalar características compartidas, tales como una historia con gobiernos dictatoriales, con importantes extensiones de terrenos forestales no protegidos (en algunos casos selva virgen) y a menudo pertenecientes a grupos étnicos minoritarios que no pueden defender sus derechos y que están siendo oprimidos por interés político; la mano de obra suele ser barata y no existen los derechos laborales o sindicales. Países donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han impuesto duros Planes de Ajuste Estructural, que hoy significan, por ejemplo, tener que exportar aceite de palma para ingresar divisas que luego van directamente al pago de la Deuda Externa (eterna e ilegítima).

El bio-combustible no sólo es un desastre humanitario; es además un desastre ecológico. El aceite de palma puede producir cuatro veces más de biodiesel por hectárea que la colza y crece en lugares en los que la mano de obra es barata. Los cultivos son ya una de las mayores causas de destrucción de las selvas tropicales. La soja tiene un menor rendimiento que la colza, pero el aceite es un subproducto de la producción de alimentación animal. Si se abre un nuevo mercado para ello, se estimularía una industria que ya ha destruido la mayoría del “cerrado” brasileño (uno de los lugares del mundo con mayor biodiversidad) y gran parte de las selvas húmedas. La definición de desarrollo sostenible ha ido cambiando, y conllevaba ahora la hambruna masiva y la destrucción de las selvas tropicales. Necesitamos una solución al calentamiento global, pero no es este.

4. La situación de guerra y sistemáticas violaciones de los derechos Humanos en el país de origen de la materia prima de la planta de biodiésel de El Musel

Denunciamos que las plantaciones masivas de palma de aceite para la producción de biodiésel en países como Colombia tienen un doble efecto: desplazamientos forzosos de las poblaciones y graves violaciones de los derechos Humanos, así como la práctica de un monocultivo problemático desde el punto de vista ambiental y social.

La destrucción progresiva e irreversible del medio ambiente y la explotación bárbara de los recursos naturales es en Colombia un hecho hermano de la violencia. [9] Hoy, con mas de tres millones de desplazados internos, 22.000 homicidios en el año 2004 y un índice de pobreza del 64%, la destrucción ambiental está íntimamente ligada a la violación sistemática de los derechos humanos. Especialmente en el campo se puede verificar esta situación, donde menos de mil familias acaparan el 70% de las mejores tierras en forma de latifundio y 1,5 millones de familias campesinas no tienen dónde cosechar su alimentación. Según un estudio del Banco Mundial y la Universidad de los Andes (Bogotá), el alto porcentaje (60%) de los hogares desplazados que dependían de la tierra como su principal sustento en su lugar de origen, muestra que la tenencia de la tierra aumenta la probabilidad de que el hogar sea desplazado forzosamente. [10] De acuerdo con Francis Deng, el desplazamiento forzado y el despojo ilegal de tierras se ha incrementado durante las últimas décadas, imponiendo un “proceso denominado ‘contrarreforma agraria’ (…) que constituye con frecuencia un medio para adquirir tierras en beneficio de los grandes terratenientes, narcotraficantes y empresas privadas que elaboran proyectos a gran escala para la explotación de los recursos naturales” [11].

En Colombia, entre cuatro y seis millones de hectáreas de los desplazados se encuentran actualmente en manos de los grupos paramilitares, desalojadas a sangre y fuego. Su actuación en los últimos 15 años ha posibilitado la expropiación de las tierras adjudicadas a campesinos mestizos o de territorios colectivos titulados a comunidades afrodescendientes (obtenidos con la “ley 70” de la Constitución de 1991). La mayoría de los desplazamientos forzados fueron causados por los grupos paramilitares que actúan con la acción, la omisión, o la aquiescencia de la Fuerza Pública [12], dado que el paramilitarismo es un proyecto del Estado. Según el Banco de Datos de Derechos Humanos “Noche y Niebla” del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) los grupos paramilitares colombianos llevaron a cabo entre 1988 y 2003 un total de 14.476 asesinatos, desapariciones y casos de torturas registrados por esta organización. [13]

Distintas ONGs colombianas como la Comisión Colombiana de Juristas, ASFADDES, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” o la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz han denunciado ante organismos nacionales e internacionales que “en medio del proceso de desmovilización paramilitar iniciado en el 2002, el dominio del territorio busca garantizar esta apropiación para la implementación de proyectos específicos relacionados con el desarrollo biotecnológico, la agroindustria de palma, caucho y ganadería”. En un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz concluye que “durante el tiempo que se ha desarrollado el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, se han desarrollado los mecanismos de apropiación de tierras y negación de los derechos de los pobladores afrodescendientes sobre los territorios colectivos de sus comunidades. Simultáneamente, se realizan propuestas de ley que facilitarían que las tierras usurpadas por los paramilitares sean legalizadas. Se niega de facto la reparación integral y la devolución de tierras a las que tienen derecho los más de 3 millones de desplazados internos”. [14] El proceso de “negociación” con los paramilitares es en realidad una legalización de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos, y “camina hacia la impunidad”, argumenta la ONG.

El monocultivo industrial de palma es un método muy efectivo de control del territorio, especialmente en el caso de presencia de movimientos de oposición (armados o civiles). Las comunidades del Bajo Atrato (en las regiones Chocó y Urabá en el Noroeste de Colombia) desplazadas en varias ocasiones, retornaron a sus territorios que por ley les pertenecen. Constantemente son el objetivo militar para los dueños de empresas palmicultoras y están sufriendo continuamente las amenazas de muerte, las incursiones paramilitares, el bloqueo de alimentos por el ejército e, incluso, montajes judiciales de la Fiscalía que les acusa de ser “auxiliadores” de la guerrilla.

“El país debe tener 600 mil hectáreas de palma africana”, proclamó el presidente de Colombia Álvaro Uribe en el año 2003. “Este gobierno se ha comprometido con el incremento de la producción competitiva de aceite crudo de palma. Buscamos sustituir las importaciones de aceite y penetrar los mercados externos”. [15] Se estima que en 2001, había 170.000 ha. de palma aceitera, distribuidas en 54 municipios de 12 departamentos del país, y se pretende sembrar otras 300 ó 400 mil ha. más. Un portavoz paramilitar en la zona del Urabá llegó a afirmar en público: “Necesitamos una gran revolución agraria que nos involucre a todos. Queremos un desarrollo regional que desde grandes proyectos de infraestructura posibilite el establecimiento de cadenas productivas y de comercialización que aprovechen las ventajas geoestratégicas de nuestro país, generando una verdadera revolución constructiva y democratizadora del campo que integre a la industria y al gran capital con el trabajo asociado y con el pequeño propietario rural”. [16]

Al participar en la Cumbre de Países del Plan Puebla-Panamá [17], que se realizó en Tegucigalpa en junio de 2005, Uribe reafirmó el compromiso de Colombia de servir como puente en la integración entre Centro y Suramérica. Uribe recordó que el país ha entrado en la nueva era de los combustibles biológicos para ampliar las posibilidades en este sector. “Este año Colombia empezará a producir el primer millón de litros diarios de alcohol carburante, y estamos dando los primeros pasos para la producción de biodiesel, particularmente a partir de esa fuente que es la palma africana”, explicó en la cumbre. [18]

La Unión Europea financia a través de los Fondos de Cooperación al Desarrollo proyectos para la siembra de palma que “finalmente benefician a los paramilitares”, alertó Javier Orozco, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en Colombia del gobierno de Asturias. [19] El diario colombiano El Espectador dice que también la filial colombiana del BBVA, el Banco Ganadero, “tiene una importante participación en la financiación del sector” de las empresas agrícolas y agroindustriales, que serán el negocio de los paramilitares “desmovilizados” según los planes del actual gobierno. [20]

Mientras tanto, persiste la deforestación del bosque primario en los Territorios Colectivos del Bajo Atrato, sustentada en violaciones de los derechos humanos, y ello a pesar de que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) reconoció en un informe gubernamental, resultado de una comisión de verificación en octubre del año 2004, que “el 95% de la palma se encuentra sembrada de manera ilegal” y requirió “detener de inmediato el avance de las siembras”. [21] También la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los “grandes impactos ambientales, culturales y sociales derivados de las obras de infraestructura” que se han construido para el cultivo, así como por la intervención en “el bosque nativo de la selva húmeda tropical del Chocó, considerado como uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta”. La Defensoría también insinuaba la relación entre violaciones de los derechos humanos y la siembra de palma. “En enero del 2003, las comunidades desplazadas e internas en la selva denunciaron la incursión de grupos de autodefensa, quienes amenazaron con su presencia constante en la zona y anunciaron que “el territorio les pertenecía y que allí establecerían cultivos de palma aceitera”. [22] Incluso el Procurador de la Nación ordenó una “protección efectiva de los territorios que ya han sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra extensiva de palma aceitera”. Sin embargo, el gobierno Uribe incumple todas sus obligaciones, incluso aquellas adquiridas en la última Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [23], para que las empresas palmicultoras cesen en sus actuaciones y para definir mecanismos que resuelvan el problema de fondo.

“Lo que existe detrás de la palma y su relación con la contrarreforma agraria, desarrollada en una nueva fase a través del proceso de desmovilización parainstitucional”, como explica la Comisión de Justicia y Paz, es la “experimentación cualificada” de un laboratorio de guerra, terror e impunidad y un modelo de represión que se puede extender por toda América Latina.

4.1 El caso de las plantaciones ilegales asociado al paramilitarismo en los territorios colectivos de las comunidades afrodecendientes del Bajo Atrato (Colombia)

Entre 1996 y 1997 tuvo lugar en la parte norte del Chocó uno de los más graves desplazamientos masivos, al que los medios de comunicación tuvieron acceso, con hasta veinte mil personas brutalmente despojadas de sus territorios. La llamada Operación Génesis resultó ser un operativo contra la población, una acción militar abierta y encubierta a través de “civiles” armados del Estado. Uno de los más importantes oficiales militares de la estrategia paramilitar y mandos de la operación, el hoy retirado General del ejercito Rito Alejo Rojas, fue declarado como Pacificador de Urabá y del Atrato por el actual presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez cuando éste era gobernador en Antioquia. “Nosotros nos dimos cuenta”, relatan las comunidades del Cacarica -región fronteriza con Panamá- que fueron bombardeadas y cazadas como animales en medio del bosque, “que nuestro desplazamiento no era por ninguna guerrilla, sino por intereses económicos”. Y cuanta razón tenían. La región vive hasta hoy una estrategia de guerra para la economía: proyectos de infraestructuras, expansión de la agroindustria, explotación de madera y otros recursos naturales, apropiación de tierras y de biodiversidad, etc.

En el mes de febrero de 2005 se conoció internacionalmente el caso de la masacre de ocho campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Chocó), entre ellos dos niños de dos y seis años. Los testigos del crimen acusan al ejercito y concretamente a la Brigada XVII -la misma unidad que cometió la Operación Génesis-, de haber cortado en pedazos los cadáveres de aquellas familias. Pero detrás del desalojo de la comunidad de San José “hay un plan previsto: el cultivo a gran escala de palma africana”, manifestó el escritor y sociólogo colombiano y exiliado en España, Alfredo Molano, en una columna de opinión en el periódico El Espectador. “Las comunidades que después de San José están en la mira son las de los ríos Cacarica, Salaqui, Jiguamiandó y Cubaradó. En estas regiones hay un gran proyecto para sustituir los bosques naturales por plantaciones de palma, llamadas con razón desiertos verdes”. [24]

Desde hace ya algunos años se han intensificado las denuncias en torno a la expansión del cultivo de palma aceitera en la región pacífica de Colombia. Estas denuncias involucran al ejército y a los grupos paramilitares, quienes presionan a las comunidades para su siembra y vulneran los derechos de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrocolombianas. Los estudios ’La Tramoya: Derechos Humanos y Palma Aceitera en Curvaradó y Jiguamiandó’ de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) [25], así como de la Diócesis de Quibdó y la ONG Human Rights Everywhere con el título “El cultivo de la palma africana en el Chocó”, demuestran la inconveniencia de sembrar palma de aceite en el Chocó por sus impactos ecológicos negativos, teniendo como referencia los estudios adelantados sobre los cultivos de palma en otros lugares muy similares como Indonesia y Malasia. En la región se ha venido extendiendo la palma bajo el amparo de los paramilitares y sus amenazas de muerte, poniendo en peligro la integridad territorial, cultural y física de las comunidades indígenas y negras que se oponen a su siembra.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, resolvió en el 2003 que “desde el año 2001 la empresa URAPALMA S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera” de forma ilegal y “con la ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados”. [26]

El Ministerio de Agricultura de Colombia detectó que 25.000 hectáreas aptas para el cultivo de palma de aceite, adjudicadas por el Estado a las comunidades negras del Chocó, fueron adquiridas por terceros particulares a través de títulos privados ilegítimos. Es el resultado de las averiguaciones adelantadas por una comisión conformada por el organismo, que desde abril de 2006 empezó a revisar la legalidad de la ocupación de los terrenos entregados por el Gobierno a los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó, ubicados en los municipios de Carmen del Darién y Belén de Bajirá, en el Chocó. La zona está conformada por 105.000 hectáreas, de las cuales, 33.000 están en conflicto con las comunidades negras, la empresa privada, el Estado y las ilegales autodefensas. En concreto, la revisión de la comisión arrojó que de esa cifra, 25.000 hectáreas no tienen respaldo en títulos individuales legítimos. Para apropiarse los terrenos, el Ministerio encontró títulos que no existieron y otros con número de hectáreas superiores a las permitidas por la ley. También se hallaron títulos que nunca fueron registrados en la oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó y otros casos de títulos que acreditaban mayor número de hectáreas argumentando accesión, es decir, que el cauce del río altera el número de hectáreas del predio. Uno de los más importantes proyectos palmicultores en la zona fue desarrollado por la sociedad anónima Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá (Urapalma). Esta empresa es poseedora de 2.723 hectáreas sembradas con cultivos de palma. Ha recibido millonarios préstamos de las entidades estatales Finagro y el Banco Agrario. Y tramitó, sin éxito, recursos del gobierno de Estados Unidos. Pero su gestión ha sido cuestionada por organismos de control en Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al referirse a la problemática de los cultivos de palma de la zona, el Ministerio de Agricultura, señaló que “las hectáreas que fueron tituladas y ocupadas de manera ilegal no las vamos a deslindar, vamos a iniciar un proceso de nulidad y esperamos que a finales de octubre se expidan las resoluciones”. Entre tanto, Gloria Elsa Ramírez, delegada de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, señaló que esa entidad presentó recurso, aún no resuelto, contra dos resoluciones del Incoder que entregaron títulos a terceros y también destacó que solicitó a las empresas suspender la siembra de palma en la zona.

En su último informe de seguimiento al caso, la Defensoría del Pueblo señaló que “todavía no se ha superado la problemática en el Bajo Atrato, debido a que se continúa presentando la vulneración de derechos humanos por la siembra de palma aceitera en territorios colectivos”. Por su parte, la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) adelanta siete procesos contra las compañías palmicultoras, por presuntas infracciones a las normas ambientales en la región. De igual manera, la Defensoría del Pueblo llevó el caso a la Fiscalía, a fin de encontrar responsables por la presunta explotación ilegal de madera en la zona.

4.2 Características de la región (Vichada) donde se pretende realizar las plantaciones de palma de aceite para abastecer la planta de El Musel

La situación de derechos humanos es igual o peor que en el caso del Bajo Atrato, porque el desplazamiento forzado empezó en esa región desde hace 30 años. Durante tres décadas han limpiado la zona del río Meta. Los indígenas de la ribera del río Meta están sometidos a presión de loa paramilitares, aunque tienen su organización y si se cumpliera con una consulta de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, sería una oportunidad para que se expresaran, no digamos que con libertad, pero al menos con alguna posibilidad. Hasta el momento no ha habido consulta previa.

Las objeciones ecológicas y agro-ecológicas son de mucho peso. Un megaproyecto del tamaño propuesto generaría un gran costo ambiental. Alberto Cárdenas Rocha, profesor de la Universidad Nacional, y quien trabajó 12 años en la zona, dijo: ’los suelos de la altillanura no dan para explotaciones intensivas debido a sus niveles altos de aluminio que requirieren de mucho fertilizante para estabilizarlos. Además, no se ha hecho el primer estudio sobre densidad de siembra en la altillanura, falta mucha investigación. Lo primero que hay que proteger es el suelo, no pensar en arbóreas para construir suelo”.

Políticamente el proyecto se ha enmarcado dentro de los planes de reinserción de los grupos paramilitares y de subordinación de los desplazados a los reinsertados. Desplazados convertidos en obreros de un megaproyecto y controlados por reinsertados paramilitares que harían el control militar de los trabajadores, de los indígenas, de la región y de la frontera con Venezuela.

4.3. Anexo: Otro caso de violaciones de Derechos Humanos para la plantación de palma de aceite

Las fosas comunes en El Catatumbo

Una cruenta ofensiva paramilitar precedió a la instauración del poder mafioso en El Catatumbo y la ciudad de Cúcuta. Durante un lustro funcionaron centros de tortura y exterminio en fincas de la región, y se practicó el ocultamiento de los cadáveres de las víctimas en fosas comunes. Entre 1999 y 2004, los grupos paramilitares incursionaron en la zona a través de la ejecución de crímenes sistemáticos. Los cálculos de la Policía indican que en el período fueron asesinadas 5.200 personas, la mayoría por hombres del Bloque Catatumbo de las AUC.

Según la organización de derechos humanos Fundación Progresar, tan solo en 2002 se cometieron 42 masacres en Cúcuta. Ese año, el Instituto de Medicina Legal de la ciudad expidió un comunicado oficial en el que anunció un colapso debido a la atención masiva de levantamientos de cadáveres. Entre las víctimas de esta cadena de atrocidades se encuentran 150 líderes de las principales organizaciones de la sociedad civil y de los partidos de oposición, como los dirigentes de la Unión Patriótica Tirso Vélez y Carlos Bernal. Testigos sostienen que existen fosas comunes en 10 municipios del departamento como Villa del Rosario, Patios, Puerto Santander, Tibú, El Tarra, Convención, Ocaña y Chinácota. Las fuentes aseveran que allí estarían enterrados los restos mortales de al menos 1.500 personas, y que muchos de los cadáveres de desaparecidos fueron arrojados a los ríos que atraviesan El Catatumbo.

La sangrienta ofensiva comenzó en mayo de 1999 con paramilitares venidos desde Córdoba y Urabá, quienes se estacionaron en el municipio de La Gabarra. Vinieron masacres y desplazamientos forzados. Salvatore Mancuso y Carlos Castaño visitaban la zona en helicóptero. En junio de 1999, el defensor regional del Pueblo, Iván Villamizar Luciani, condenó connivencia entre los paramilitares y algunas unidades militares. Así mismo, indicó que en un lapso de dos semanas las masacres habían cobrado la vida de 115 personas. En 2001, Villamizar fue asesinado por 10 sicarios en una vía pública.

El trasfondo de la conquista del territorio ha sido el control de las millonarias ganancias provenientes de los megaproyectos que se desarrollan en la región: tres concesiones para la explotación de yacimientos petrolíferos, y la veta de carbón ubicada entre Sardinata y La Gabarra. La apropiación de la tierra ha servido para el cultivo de la palma aceitera, al cual han sido destinadas 6.000 hectáreas de un proyecto que busca llegar a 20.000. Durante el período más cruento de su incursión, los paramilitares montaron en la finca La Isla, uno de sus puestos de mando y entrenamiento. Allí se practicaron torturas y asesinatos por órdenes del jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias El Iguano. Pero también se hacían fiestas y asados con políticos. De acuerdo a una denuncia formulada por el representante a la Cámara Gustavo Petro, en los archivos del DAS reposan documentos de una investigación que sindica al clan Barriga de haber manejado las finanzas del Bloque Catatumbo, y el negocio de la contratación de obras civiles.

Con métodos coactivos, paramilitares y mafiosos compraron las mejores tierras de una vasta zona que incluye los dominios adyacentes a la frontera y territorios en Venezuela. Por ese corredor pasa una de las más importantes rutas actuales de la cocaína. La publicación inglesa Jane’s Intelligence Review afirma que por ella circulan 300 toneladas anuales de droga, provenientes de regiones que dominan narcoparamilitares. Como en otros lugares del país, la cadena de crímenes precedió al control de la administración local. En Cúcuta, numerosos escándalos por alianzas con paramilitares, asesinatos políticos, y manejos corruptos, han comprometido a dependencias estatales. Testigos aseguraron que los jefes del Bloque Catatumbo contaban con placas y vehículos de ese organismo, y le enviaban órdenes escritas a su director, Jorge Enrique Díaz (asesinado en abril de 2005).A mediados de 2003, el periódico La Opinión reprodujo una conversación telefónica de alias El Iguano en la que uno de sus lugartenientes le contaba que se había quedado a dormir ocho días en las dependencias del DAS, pues una comisión de la Fiscalía, enviada desde Bogotá, había llegado a buscarlo. A Ana María Flórez, directora seccional de fiscalías se la veía en fiestas y reuniones con los paramilitares. Hoy está procesada por el mismo ente investigador para el cual trabajaba.

El dominio sobre las instituciones locales ha servido para favorecer la legalización de los capitales fraudulentos. Tras la imagen de progreso económico se esconde una gigantesca operación de lavado de activos. La Revista Portafolio señaló a Cúcuta como una de las tres ciudades del país en las que se registra el mayor volumen de operaciones financieras sospechosas. En 2005, por ejemplo, se registraron cerca de 1.500 transacciones multimillonarias. De igual forma, la industria de la construcción ha conocido un florecimiento inusitado. Algunas propiedades inmobiliarias se venden hoy en Cúcuta por $ 5.000 millones.

Como puede verse, al igual que en otras regiones del país, las masacres, los centros de exterminio en las zonas rurales y las fosas comunes, han acompañado la consolidación del control social y político de los paramilitares en la rica región del Catatumbo en la frontera nororiental del territorio colombiano.

Iván Cepeda

(Director de la fundación Manuel Cepeda Vargas, hijo del senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994)

Madrid, 10 de octubre de 2006

Fdo.: D. Tom Kucharz
Ecologistas en Acción

Anexos:

- Prevenir el desplazamiento y proteger la vida de las víctimas. Seguimiento al cumplimiento de la orden quinta del Auto 178 de 2005 de la Corte Constitucional”

- Colombia 2005: Situación de Derechos Humanos y Derechos Humanitario


[1“Una empresa suiza posee la mayoría de las acciones de la adjudicataria del biodiésel” en La Nueva España deñ 14 de septiembre de 2006 - Nº 1397 http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1397&pIdSeccion=35&pIdNoticia=442312#

[2La globalización financiera se vería incentivada por la desvinculación del dólar respecto del oro (fin del patrón dólar-oro) que Nixon acomete en 1971, y por el fin de los cambios fijos que se completa en 1973. A partir de entonces se asiste a un progresivo predominio de la economía financiero especulativa sobre la “economía real”, que se intensificará en los ochenta y noventa con la creciente desregulación financiera.

[3Datos de FAOSTAT de 2004.

[4“América Latina saca provecho del auge global en la demanda de aceite de palma” The Wall Street Journal Americas en Reforma, 26 de mayo de 2004

[5Empresas transnacionales del sector alimentario como Unilever (Holanda) han creado sus propias empresas productoras de aceites de palma.

[6De las 176 compañías identificadas como sospechosas de los incendios de 1997, 133 eran compañías de plantación de palma aceitera.

[7Center for Conservation Biology Update: Oil Palm pollination in southern Costa Rica, 2002, vol.14, Nº1.

[8En Biosíntesis, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Boletín No. 21, agosto 2000.

[9MOLANO, Alfredo: Colombia: lo ambiental como problema político. Gaia, mayo-junio 1997

[10’De hecho, el desplazamiento puede estar generando una ’contrarreforma agraria’ hacia una reconcentración de la tierra en grandes proporciones. Estimaciones recientes sugieren que la tierra abandonada por desplazados asciende a cuatro millones de hectáreas, cifra que casi triplica la tierra redistribuida en más de cuatro décadas de reforma agraria’. Según este estudio, la concentración de tierra es un factor estructural clave tras el fenómeno. ’La posibilidad de que la tenencia de la tierra aumente la probabilidad de desplazamiento se sustenta en que aproximadamente el 60 por ciento de los hogares afectados tenía acceso a tierra” En Colombia: Una Política de Tierras en Transición, Banco Mundial y Universidad de los Andes, 2004. http://economia.unidandes.edu.co/economia/archivos/temporal/d2004-29.pdf

[11Informe del Representante del Secretario General sobre los Desplazados Internos, documento de las Naciones Unidas E/CN.4/2000/83/ad, 11 de enero de 2000.

[12Las organizaciones no gubernamentales muestran que el 86% de los mas de 3.000.000 de casos registrados desde 1985 hasta marzo de 2003 son responsabilidad de militares y paramilitares, mientras que las guerrillas lo son del 14%.

[13CINEP: “Deuda con la Humanidad. El paramilitarismo de Estado entre 1988 y 2003”. Colombia, 2004.

[14“Territorio y Apropiación de Tierras”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, noviembre de 2004

[15Discurso en Cartagena de la Indias, septiembre 2003.

[16CONTRERAS, Orlando: Palma africana en el Chocó: una nueva plaga para indios y negros. Diciembre 2004. www.etniasdecolombia.org

[17Colombia participa en el Plan Puebla-Panamá para desarrollar inicialmente los tres proyectos de integración de infraestructura que se han planteado: interconexión eléctrica, integración gasífera y la carretera costanera con Panamá (Panamericana).

[18SNE: Colombia, puente de integración entre Centro y Suramérica (29/06/2005)

[19Presentación del informe de la delegación asturiana de verificación de la situación de los DDHH en Colombia, en Madrid, 11 de mayo 2005.

[20Arrancaron los proyectos económicos de los “paras”. El Espectador, 15 de marzo de 2005

[21Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER: “Los cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó”. Bogotá, 14 de marzo de 2005.

[22Defensoría del Pueblo: Violación de derechos humanos por siembra de palma africana en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó. Bogotá, 8 de abril de 2005.

[23Eso fue el 14 de marzo de 2005.

[24“¿Qué hay detrás de lo de San José?”, El Espectador.

[25Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y CINEP: ’La Tramoya: Derechos Humanos y Palma Aceitera en Curvaradó y Jiguamiandó’ Caso Tipo 5. Bogotá, 2005.

[26Resolución del 6 de marzo de 2003