Domingo 22 de enero de 2017 / Hemeroteca / Hemeroteca 2017

Ocultan la realidad, nos roban el futuro

Hace más de diez años el expresidente colombiano Alvaro Uribe negó la existencia del conflicto armado interno, y ahora el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, niega la existencia de ataques sistemáticos contra las personas defensoras de los Derechos Humanos y la existencia del paramilitarismo.

Alto número de víctimas.

El año pasado hubo al menos 85 personas defensoras de los Derechos Humanos asesinadas. La mitad eran campesinos-as, indígenas, negros-as que reclaman la devolución de las tierras que les robaron mediante el terror paramilitar; el resto eran líderes sindicales, comunitarios y ambientalistas opuestos a planes inversión de empresas multinacionales mineras y energéticas, impulsores-as de los diálogos de paz, militantes de los movimientos Marcha patriótica y Congreso de los Pueblos, personas que exigen justicia por los crímenes del paramilitarismo o de la fuerza pública, gentes que han denunciado actos de corrupción. Y pasa de 1.000 la cifra de defensores-as asesinadas durante los gobiernos de Uribe y de Juan Manuel Santos.

¿Qué pretenden con éstos crímenes? Algo muy grave: detener la democratización de Colombia, proteger intereses de terratenientes, empresarios y multinacionales beneficiarias del terror, romper el movimiento social que exige reforma agraria, cumplimiento de los Acuerdos con las FARC, diálogo con el ELN y el EPL, mantener la impunidad y la exclusión históricas.

La Oficina de la ONU en Colombia lo dijo con claridad hace un año “La labor de los defensores de Derechos Humanos es piedra angular para la democracia y la promoción de una paz equitativa y sostenible. Sin embargo, la violencia en su contra continúa y el Estado no logra garantizar plenamente el respeto y protección de sus derechos y labor…”. El Estado no quiere proteger a quienes defienden Derechos Humanos. Cada día hay más efectivos para la seguridad (¡medio millón de policías, soldados, escoltas, agentes secretos¡) que generan un gasto gigantesco, pero cada año hay más muertos y menos garantías para la defensa de los Derechos Humanos. Las Ongs señalaron hace un año que el 66% de estas agresiones son autoría de los grupos paramilitares. Pero para el Ministro encargado de la seguridad estos matones ¡no existen¡. Entonces, preguntan desde Justicia y Paz “¿Y si no son paramilitares, qué son?”

¿No hay sistematicidad?

Negar la sistematicidad de los ataques contra defensores-as de los Derechos Humanos es una estulticia mayor. No son como repiten desde hace décadas los jerarcas civiles o militares meros “hechos aislados”, ni “errores militares”, ni mucho menos simples coincidencias producto de la improvisación o del azar. Son el resultado de planes criminales que involucran en connivencia a agentes de la fuerza pública y a grupos paramilitares, junto con políticas que generan impunidad estructural y operaciones de ocultamiento mediático de estas realidades.

La gravedad de lo que ocurre no radica sólo en el alto número de víctimas, también y sobre todo en que constituyen delitos de lesa humanidad porque son parte de una persecución sistemática que implica una privación intencional de los derechos fundamentales, actos que caen en el ámbito de la Corte Penal Internacional pues no se ve diligencia en combatir a los paras ni de hacer justicia. La Fiscalía parece que sólo es hábil para encarcelar dirigentes sociales y para desviar investigaciones, como lo intentó en el caso del asesinato del sindicalista de Nestlé LUCIANO ROMERO, o en convertir en eterna la etapa de investigación previa, como en el caso de la desaparición y asesinato de CARLOS PEDRAZA SALCEDO hace dos años.

Las élites criollas quieren ocultar lo obvio: que son ataques sistemáticos y que no son nuevos. “La violencia contra la UP ha sido caracterizada como sistemática, tanto por organismos nacionales como internacionales, dada la intención de atacar y eliminar a sus representantes, miembros e incluso simpatizantes. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a las ejecuciones de militantes de la UP como “sistemáticas”; el Defensor del Pueblo calificó a la violencia contra los dirigentes y militantes de ese partido como “exterminio sistematizado”; la Corte Constitucional de Colombia como “eliminación progresiva”; la Comisión Interamericana como “asesinato masivo y sistemático”; la Procuraduría General de la Nación se refiere a “exterminio sistemático”, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como “exterminio”.

Los ataques de los paramilitares también son crímenes de lesa humanidad por sus dimensiones, sistematicidad y por la cantidad y calidad de las víctimas.

La prensa tapa

Sin apoyo de los medios masivos de comunicación no hubiera podido Alvaro Uribe involucrar a civiles como objetivo militar y lograr que sus asesinatos fueran visto con normalidad bajo el simplismo de instalar en la cabeza de la ciudadanía el “por algo sería.” Monopolios mediáticos como PRISA, Planeta, RCN, Caracol, han difundido por décadas la propaganda política y militar de exterminio que convirtió –hasta el sol de hoy- en objetivo militar a sindicalistas y defensores de Derechos Humanos previamente señalados de ser “sapos”, “terroristas”, “bandidos”, enemigos de la democracia, “guerrilleros de civil”, epítetos que se prodigaron incluso contra personas de Amnistía Internacional, de Cruz Roja internacional o de Human Rigths Watch.

La realidad paramilitar

La propaganda que afirma que “Colombia está en posconflicto” o que ya vive una etapa de paz, tampoco encaja con la realidad de la persecución actual y con la re-paramilitarización del país.

Colombia vive una fuerte re-paramilitarización y la insistencia de las autoridades en negarlo no tiene consistencia y dificulta su combate.

Los paramilitares mantienen una fuerte coordinación con la fuerza pública, como siempre. En sus amenazas tanto individuales como colectivas y en sus proclamas expresan su respaldo al gobierno y a las multinacionales, muestran una ideología contrainsurgente nítida; se declaran enemigos de todo movimiento social alternativo y de toda forma de protesta social, actúan cerca de las bases y de los controles militares en los que son protegidos, encubiertos.

Estudios de hace un año del Centro de Memoria Histórica indicaban que en 339 municipios del país había paramilitares. En 119 de esos municipios estaba el Clan Úsuga, en 76 los Rastrojos y en 39 las Águilas Negras. Eso ha empeorado. Hay paras en el Chocó matando y desplazando comunidades esta semana. Y en Buenaventura donde hacen la misma faena troceando personas. Y en el Cauca, Bajo Atrato, Córdoba, Sucre, Bolívar, bajo Cauca, Magdalena Medio…

El gobierno dice estar comprometido en combatir el paramilitarismo, pero hay demasiadas pruebas de su accionar conjunto con el ejército, además hay muy pocos resultados que impliquen el desmonte de las estructuras políticas y económicas que los sostienen. En las comunidades campesinas donde las FARC fueron la autoridad hay mucho temor porque el poder sustituto son los paramilitares que avisan que llegaron para quedarse, como dijeron esta semana en Urabá y en Nariño.

Hay paramilitares en las narices del Ministro de Defensa, en Bogotá, en Soacha y en Zipaquirá desde finales del año pasado y este fin de semana las “Autodefensas Gaitanistas” regaron amenazas en diez barrios informando de que imponen toque de queda desde las diez de la noche, además fijan el plazo de un mes para que los dirigentes sociales se vayan de la ciudad.

Grandes regiones del país ocupadas por los paramilitares, allí ejercen el control social, económico, político y militar, amenazan, violan, asesinan, desplazan y desaparecen forzadamente a las personas que denuncian la corrupción y a opositores del modelo económico neoliberal y de los grandes proyectos de inversión.

La 12 Visita Asturiana encontró evidencias de su presencia y accionar hace un año: en zonas rurales de Tumaco en sitios como Chilví, Candelilla y Llorente paramilitares establecen retenes junto a los tanques del Ejército entre los kilómetros 93 y 105 de la vía a Tumaco-Pasto. En el Consejo Comunitario Rescate las Varas de Tumaco. En el departamento del Tolima en la Jabonera entre Ataco y Coyaima; en Mesa de Polen-Planadas; en la Vereda Maracaibo y en los municipios de Chaparral, Natagaima, Purificación, El Guamo, Saldaña, Prado. Vestidos de policías los paras patrullan armados con fusil AK en camionetas de color blanco y negro por Mesa de Polen, Planadas, Ataco, Santiago Pérez, que son sitios en los que hay fuerza pública que los dejan pasar. En el Casanare en Matarratón y la finca El Porvenir hay paramilitares del grupo del extinto VÍCTOR CARRANZA que amenazan y hostigan al campesinado para despojarlo de sus tierras. En San José del Bubuy-Aguazul por la vía a Maní-Casanare “No hay garantías para el liderazgo comunitario, ni para los activistas de los Derechos Humanos, no hay libertad de expresión en nuestros territorios.”

Y no son sólo regiones alejadas. Hay ciudades bajo el control paramilitar como Cúcuta donde un defensor denunció “Estamos manejados por paramilitares, la ciudad está en sus manos y muchos barrios donde ellos amenazas y matan. En Cúcuta con la Ley Zanahoria hay un toque de queda de hecho para los menores de edad ordenado por el alcalde y lo aplican los paramilitares y la policía. Los organismos de investigación y de la justicia son dirigidos por fichas del poder paramilitar, algunos organismos públicos de protección y control también. No hay armas para enfrentar el abuso de autoridad porque es muy peligroso denunciarlos, eso sólo empeora las cosas. Hay paramilitares en Villa del Rosario, puerto Santander, El Zulia. En septiembre los paramilitares lanzaron un panfleto amenazando a quienes defienden Derechos Humanos, a las mesas de víctimas, luego hubo otro panfleto amenazando con “limpieza social”; sicarios en moto hacen el control territorial y de la población. Los medios de comunicación encubren esta situación de ilegalidad, abusos y terror permanente. En la Universidad Francisco de Paula Santander la empresa VIPRICAR es un aparato para el control de los estudiantes a los que espían graban e intimidan, esa empresa es la mano derecha del paramilitarismo en la universidad pública en la que ya han asesinado y desaparecido estudiantes.”. “Los paramilitares están asesinando personas en barrios de Cúcuta: Belén, Antonia Santos, Motilones, Santo Domingo y otros barrios de la ciudad donde controlan a la población mediante el terror. En Puerto Santander masacran, igual en Aguaclara donde han matado personas delante de los niños en la cancha deportiva. La fuerza pública los deja hacer.” También en Arauca: “Los paramilitares de Arauca están en rearme evidente, se llevaron 19 jóvenes para entrenarlos. Hoy se llaman Urabeños y Águilas Negras, patrullan encapuchados y armados al lado de los puestos del ejército. Están en el corregimiento El Caracol, en la Vereda Feliciano, andan por Tame, y en el Casanare en Tauramena y Aguazul, en el Meta en Barranca de Upía.” “Aquí no hay paramilitares, hay tropas del ejército que actúan como paramilitares con los mismos nexos que el país ya conoce. En las zonas que controla el ejército se incrementa el paramilitarismo, eso no es coincidencia sino estrategia. Los paramilitares salen armados de los cuarteles y a ellos regresan de sus fechorías; el ejército niega que haya paramilitares, porque son ellos mismos. Frente a Caño Limón nadie puede demorarse en pasar porque el ejército le controla el tiempo a cada uno, pero aparecen pintadas a nombre de los paramilitares, las hace el mismo ejército.”

La realidad del paramilitarismo es una seria amenaza para los procesos de terminación del conflicto armado, para la reconciliación y para el desarrollo por vías democráticas del conflicto social en auge. Ocultar la realidad del paramilitarismo y el exterminio sistemático de quienes defienden los Derechos Humanos y negar la persecución a muerte contra las comunidades organizadas nos roba el futuro, pues sin defensores-as y sin organizaciones sociales de base no es posible alcanzar la paz con justicia social.

Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias. Gijón, 21 de enero/17.