Quinta Delegación - Instituciones

La Delegación Asturiana en Colombia
Ha tenido diferentes entrevistas con Instituciones, para compartir apreciaciones sobre cómo contribuir a salir del conflicto social político y armado en el país.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la Embajada Española, el Ministerio de Interior y Justicia, el Procurador General, y el Fiscal General han llenado la agenda del día.

Además de trasladar al ámbito correspondiente preocupación por casos específicos de violaciones a los derechos humanos, recogidos en las visitas a las regiones, se ha podido compartir algunos de los informes de las instituciones y de las perspectivas que se manejan a futuro.

El conjunto de datos facilitados serian motivo de amplia preocupación, o deberían serlo en muchos sentidos.

La cifra facilitada tanto en el Ministerio de Interior (Presidente en funciones por el viaje de Uribe a Europa), como por la Fiscalía General de la Nación, sobre número de víctimas que se han reportado asciende a 206.000. Casi—nada..

Contradictoriamente de ellas solo 14000 habrían participado en alguna de las “versiones libres” o audiencias aplicadas a la ley de “justicia y paz”. O sea que la tarea queda ardua.

Y las propias instituciones admiten que el miedo impera entre las victimas y que muchas no se atreven a testificar.

Naciones Unidas valora que en cuatro años de vigencia de la citada ley solo hay una sentencia, con lo que la paciencia de las miles de victimas deberá ser casi infinita.

En la misma Oficina de Naciones Unidas valoraron que esa ley lo que demuestra en las comparencias de los paramilitares con miles de crímenes a sus espaldas es lo que antes ya se había estado denunciando: Denuncias anteriores que el gobierno negaba.

Que en esas “audiencias” sí sale la barbarie, los mutilamientos, los descuartizamientos, que los jefes escuadroneros confiesan ante la justicia especifica de esa ley, pero se niegan a declararla ante otros sectores de la justicia colombiana,

Y que los delitos sexuales están quedando ocultos.

Un proceso en su opinión absolutamente insuficiente.

En opinión de esa Oficina también es muy difícil que prosperen todas las investigaciones sobre el 40% del Congreso que esta señalado de vínculos paramilitares, por su dimensión exagerada, mientras que en la Procuraduría eso lo valoraron positivamente, (el que esten en la carcel decenas de senadores y congresistas uribistas) como signo de la fortaleza de las Instituciones colombianas (¿)

Tanto esta Oficina como la Fiscalía admitieron que no tienen tantos datos de denuncias en las zonas visitadas por la Delegación Asturiana, como la propia Delegación recabó, y que eso puede ser debido al terror y desconfianza de los pobladores afectados a las autoridades gubernamentales.

Las 1356 fosas comunes encontradas, y los 500 cuerpos entregados a los familiares, fue valorado por la viceministro de interior como avance, reconociendo el mucho recorrido pendiente, aspirando a “reparar” (con cantidades pequeñas) a 12mil personas en los próximos 18 meses: si eso se compara con su cifra oficial de 206mil victimas, el periodo va a ser verdaderamente extenso.

La Fiscalía admitió que es una tarea que les desborda, la que le adjudican miles de investigaciones, y que es muy difícil abordar en conjunto crímenes que en número de 5000 o de 20000 han cometido algunos jefes paramilitares, por lo que procuraran hacerlo de manera parcial (¿), valorándose como positivo el que en esos procesos hayan salido a la luz 24mil nuevas denuncias que antes no se contabilizaban.

En general las instituciones entrevistadas concordaron con muchas de las apreciaciones de la Delegación Asturiana, solo que aportan “justificaciones” o parecen ser comprensivas con la enormidad de masacres cometidas, asumen la insuficiencia de defensores de las victimas, y que son los fiscales los que realizan tareas orientadoras de las preguntas en esas duras audiencias, en que muchas personas victimizadas no se atreven a compartir como si nada con los verdugos.

El caso que denominaron “de moda” de las ejecuciones extrajudiciales lo relativizaron en 1009 procesos…(otros organismos citan el número de 1400 demostrados), y ante su gravedad, la Oficina de la ONU, al parecer, dentro de su cometido en Colombia, dice haber contribuido a que el estado colombiano agilizara las actuaciones, lo que conllevó las investigaciones sobre varios generales y coroneles,

Negándose, en todas las instituciones entrevistadas a asumir como una política de estado o de gobierno esta alta cifra de jóvenes sacados de sus casas, contratados para trabajos ficticios, marginales u otras identidades, asesinados , vestidos de uniforme y presentados como bajas, para recibir recompensas.

Por el contrario todas las instituciones renegaron con sus declaraciones del posicionamiento oficial del presidente Uribe, que niega la existencia del conflicto: se dice que los generales hablan abiertamente de guerra, y las otras instituciones aseguran que es un conflicto, y que no es nada suave sino muy serio en sus cifras de afectación de población.

Si eso dicen las instituciones, sin ocultar la gravedad de tan graves hechos, la opinión y documentación de las organizaciones sociales y de derechos humanos, simplemente demuestra mayores cifras del horror, y una valoración menos contemplativa del desastre humanitario provocado en Colombia para que los más ricos lo sean aun más.