Declaración de Oviedo. Paz y DDHH

“Jornadas Diez Años” Programa Asturiano de Derechos Humanos en Colombia

Oviedo 29 y 30 de octubre de 2010
Declaración

Tras las intensas jornadas celebradas en el Colegio de Abogados de Oviedo, con la participación de ponentes como el padre Darío Echeverri, Gloria Cuartas, Nelson Berrío, Jairo Ramirez, Vicente Otero, Jesús Montes, Carlos Perea, Mauricio Valiente, Carlos Alberto Ruiz, Javier Orozco, David Ruiz, y las aportaciones y compromisos de Marcos Cienfuegos y Noemí Martín,, junto a las moderaciones y relatorias de Mercedes Gonzalez, Gloria Mansilla, Kike Alcalde, Mario Fanjul, Francisco Rodríguez, y el vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados,

En representación de numerosos colectivos e instituciones del estado español y de Colombia,

Se aprobó la siguiente Declaración

Diez años de ejercicio de humanidad,

de acogida de militantes por la vida, de luchadores por la justicia perseguidos, han sido diez años de solidaridad con mujeres y hombres y sobre todo de organizaciones sociales en la brega de transformar un país. Diez años en los que se ha dado testimonio profundo de que los derechos humanos y la paz son una misma construcción de dignidad a partir de la cual se continúa haciendo y soñando para que Colombia supere su conflicto político, social y armado.

Esta conmemoración de una década de hermandad entre Asturias y el pueblo colombiano, en la que se reconoce el exilio, el refugio temporal, así como los compromisos para enfrentar su origen y consecuencias, ha sido también la ocasión para avanzar en el análisis de la situación de sufrimiento y resistencias en Colombia, formulando propuestas y conclusiones que son un aporte a la búsqueda de una salida política negociada, basada y dirigida en torno a las necesidades y aspiraciones de vida y la mayor suma de felicidad posible para un pueblo que debe forjar su futuro de bienestar y de buen vivir.

En ese sentido, afirmamos:

- Pese a la complejidad del conflicto y a la historia de intentos frustrados de solución en diferentes períodos, así como al lastre de años de negación reciente y a discursos para abortar procesos de diálogo, la situación colombiana no es confusa. La confrontación se explica con nitidez en el origen y la lógica de un sistema de exclusión que lejos de asumir responsabilidades, ha abandonado las funciones sociales básicas y ha potenciado formas de violencia múltiples, expresadas en la actual descomposición no sólo de la guerra, sino de las relaciones sociales y en la dejación de soberanía.

- Desde esa comprobación, asistimos a una coyuntura en la que, con base en palabras que contrastan con el legado del régimen de Uribe Vélez, se afirma la posibilidad de algunos cambios que apuesten al reconocimiento del conflicto y de fórmulas para abrir una senda de conversaciones, para lo cual el Gobierno Santos establece condiciones, pero no atiende en absoluto las demandas de cambios reales en la política, encaminados como gestos básicos para la consecución de una básica confianza. Por el contrario, a través del vicepresidente Angelino Garzón y de otros, se pretende cooptar, neutralizar, deslindar y romper una parte importante del movimiento social, político y de derechos humanos, para consolidar un bloque dominante con el nombre de unidad nacional.

Sin embargo, los hechos son contundentes. No sólo se intensifica una dinámica militar descomunal, sino que se arrecia contra movimientos sociales populares, como se constata en la sistemática violación de los derechos humanos y en la impunidad transversal que se mantiene. Decenas de muertos lo testifican en estos setenta y ocho días del Gobierno de Santos y Garzón.

- Al movimiento social, popular y al conjunto de las resistencias, cabe la histórica responsabilidad y tarea de sobreponerse a fracturas permanentes y unir fuerzas conformando y cualificando un proyecto de alternativas que hagan viable no sólo una solución a la guerra, sino una paz cuyos pilares sean la democracia, la justicia, la libertad, la soberanía, el reparto de la riqueza y la más plena participación en las decisiones de realización y garantía de los derechos humanos.

- Con base en ello, repudiamos la espiral de fuerza militar que se registra con la toma y el control de gran parte del territorio nacional por la cadena de bases para la guerra que Estados Unidos mantiene directamente, así como el incremento de todos los recursos dirigidos al conflicto, lo que redobla una militarización de la sociedad. En consecuencia rechazamos la manipulación y el sesgo informativo que favorecen los medios de comunicación que apuestan por una lógica belicista, arraigando una mentalidad de intolerancia.

- Apelamos a la ética para que el derecho humanitario sea aplicado y se halle por las partes contendientes caminos para reducir graves consecuencias y prácticas que evidencian la degradación de la guerra. Las partes enfrentadas son interlocutores políticos por su naturaleza, que deben reconocerse como partes de una solución conjunta de cara al pueblo colombiano y sus derechos.

- Con la convicción y el compromiso de que la paz se honra con los derechos humanos y que éstos son también derechos de los pueblos a forjar su destino, instamos a que la cooperación internacional sea decente y coherente, lo cual supone ya mismo condenar y poner fin a la asistencia militar de cualquier tipo al Estado colombiano. De igual modo debe respetar los procesos populares y el devenir de construcción de poder social que alumbre la esperanza de cambios, para no sucumbir a la catástrofe moral y social.

- Las Misiones de Verificación de Derechos Humanos en Colombia, realizadas por la solidaridad asturiana, como comprobación directa en el terreno, representan un acumulado documental, de registro y sobre todo de testimonio ético. Deben continuar y fortalecerse.

- Por último, no podemos ser indiferentes ante las arremetidas mediáticas, judiciales, policiales y políticas que buscan criminalizar a quienes luchan por la paz y la justicia en Colombia.

La aberrante destitución de la Senadora Piedad Córdoba, el intento de enlodar a Venezuela y a quienes trabajan por el diálogo tanto en Colombia como en España y otros países, son signos de grave amenaza colectiva, castigando a quienes no renuncian para que Colombia sea escenario de una salida negociada al conflicto social, político y militar, con base en agendas sociales, económicas y políticas transformadoras, que superen y venzan la ignominia, la miseria, la explotación y la insumisión.

Recordando a dos insumisos que en Asturias dejaron huella de dignidad y a todas las personas refugiadas y luchadoras militantes de la vida que han pasado por esta tierra, no olvidamos!

Luciano Romero y Henry Ramírez, Presentes!, Presentes! Presentes!