Bolivia: Extractivismo que toca fondo

dos valoraciones sobre el asesinato del viceministro boliviano.

 Bolivia: Extractivismo que toca fondo

Elizabeth Peredo B.

Que tragedia la que vive el país. Cuanta tristeza en las familias bolivianas. Y que gran complejidad se nos presenta con las protestas vandálicas de la minería cooperativista en las carreteras.


En cierta forma es el extractivismo que muestra su peor cara, su rostro más salvaje. La protesta de mineros forjados en una cultura machista de violencia y depredación, la muerte de manifestantes en medio de las carreteras y la trágica y horrenda muerte de un viceministro, son la síntesis de la crueldad y el desprecio por la vida que subyace al extractivismo exacerbado por políticas de estado que han puesto sus más altas apuestas en la extracción de recursos para tener mas y mas dinero como expresión y sinónimo de "ciudadanía, progreso y crecimiento". Esto, hay que decirlo, sumado al populismo irresponsable en el ejercicio del poder que fortalece una cultura política anti democrática, irreflexiva, caudillista... se ha convertido en una bomba de tiempo.

El país tiene la respiración contenida en la pena por un conflicto que ha cobrado de manera aberrante vidas humanas, por demandas de un sector que siendo parte de las alianzas sindicales que apoyan al gobierno, hoy claman con la crispación propia del capitalismo salvaje libertad para el capital, libertad para hacer contratos con transnacionales, tener acceso irrestricto a más tierras en el Altiplano y en la Amazonía, se oponen tenazmente a la sindicalización y exigen prebendas y facilidades en la adquisición de insumos y maquinarias para la actividad minera a pequeña escala, la peor de las peores porque no está regulada como debería.

Pero, ¿acaso estas exigencias salieron de la nada? No fueron los cooperativistas los mas beneficiados con una Ley Minera en 2014 que –aunque cuestionada hoy por ellos mismos en su ambición- debilita la ya menoscabada minería estatal y permite la expansión de la minería cooperativista? Actualmente los cooperativistas superan los 115.000 frente a 7.500 trabajadores de la minería estatal y 8.000 de la minería privada- y, junto a la presencia de grandes transnacionales de la minería en negocios con la minería estatal, hay empresas mineras (ahora sometidas a los vaivenes de los precios internacionales) que buscan su tajada aliándose con los cooperativistas probablemente por el grado de desregulación que gozan. ¿Acaso las facilidades contenidas en esa ley para sobreexplotar la tierra, con mínimos requisitos ambientales, para desarrollar minería “pequeña” contaminante, que les permite gozar inclusive de la posibilidad de cambiar los cursos de agua para beneficiarse, que les mantiene en relaciones de sometimiento y lucro, que prolonga la huella trágica de la explotación de los trabajadores mineros, no tienen consecuencias en fortalecer una mentalidad depredadora y violenta?

Por supuesto habrá que buscar las raíces profundas de esta horrenda violencia en explicaciones históricas, sociológicas, de la antropología, la psicología de masas o las ciencias políticas, pero… ¿No ha sido la política estatal la que ha permitido crecer a este sector bajo parámetros prolongados de depredación y explotación?¿No han sido estas leyes las que han debilitado los mecanismos de consulta previa a las comunidades indígenas medrando sus posibilidades para preservar sus territorios de agricultura rural tradicional frente a la expansión de la minería contaminante?¿No es la expansión de la explotación minera a pequeña escala la que esta destrozando los ayllus y comunidades indígenas convirtiéndolas en simples campamentos mineros? ¿No es curioso que los propios peones salgan a vociferar a las carreteras por su “derecho” no sindicalizarse? Y por último, ¿acaso no fue el propio gobierno el que autorizó en algún momento el uso de la dinamita para las protestas sociales? Este deterioro de las bases democráticas, de consensos sociales y estructuras establecidas para cuidar el bien común, esta violencia que se extiende y generaliza a otros sectores sociales y gremios, esta violencia machista de la que también son víctimas las mujeres que mueren en manos de hombres violentos e irracionales es inaceptable y tiene enormes consecuencias en la sociedad. A este paso, quién quedará en pie para seguir con los ideales que alguna vez inspiraron un cambio social?

Lo que se ha vivido en Bolivia es la expresión mas triste de un autosabotaje del proceso de cambio, constituye una enorme frustración para la gente y un enorme desafío para las próximas generaciones que deberán curar profundas heridas y estructuras sociales para restaurar el tejido social, la capacidad de ideales de libertad, justicia, respeto, dignidad, amor y confraternidad en nuestro país.

La Paz, 26 de Agosto de 2016

Referencias de interés:

Ley Minera aprobada en 2014 ley-535-edicin-652nec.pdf :
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/buscar

Protestas sociales y pronunciamientos contra la ley minera 2014

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/4-bolivia/16387-manifiesto-publico-rechazo-al-proyecto-de-ley-de-mineria

http://www.somossur.net/economia/mineria-en-bolivia/1359-pronunciamientos-frente-a-la-ley-minera.html

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=104392

Analisis Ley Minera CEDLA
http://plataformaenergetica.org/content/35513

Analisis Ley Minera (Colectivo CASA)
http://cedla.org/sites/default/files/ANÁLISIS%20%20DE%20LA%20POLÍTICA%20MINERA%20Y%20LA%20LEGISLACIÓN%20Emilio%20Madrid.pdf

Analisis conflicto minero 2016(CEDIB)
http://extractivismo.com/wp-content/uploads/2016/08/BoliviaTomarelEstadoporAsalto.pdf

Decreto “dinamita” argumenta libertad de asociación y derecho de expresión
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/seguridad_nacional/Norma-Decreto_2754-dinamitazo-contradice-Ley_de_Armas_0_2484951530.html

http://eju.tv/2016/05/decreto-restituye-uso-dinamitas-las-marchas-contradice-la-ley-armas/


 Violencia ante los cambios soberanos a la política minera

Camila Vollenweider CELAG

En la madrugada del pasado 26 de agosto, en la localidad de Panduro, fue encontrado asesinado a golpes, y con claros signos de tortura, el Viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, quien dirigía en terreno los intentos de entablar un diálogo con los “cooperativistas” mineros, que se encuentran en disputa con el Gobierno. La escalada de violencia también se cobró la vida de dos mineros, aunque sin estar claras las situaciones de su muerte, según datos oficiales.

El inicio del conflicto se remonta al pasado 10 de agosto, cuando 4.000 personas ligadas a las cooperativas mineras se movilizaron bloqueando carreteras en contra de la modificación soberana de la Ley Minera que hiciera el gobierno de Evo Morales, prohibiendo que las empresas privadas puedan invertir en las concesiones , para superar las leyes del siglo XX que permitían la explotación de los yacimientos mineros por cualquier particular, incluso extranjero.

De acuerdo a un documento realizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) que data del año 2008 [1], al interior de las cooperativas existen importantes estratificaciones sociales y económicas. Los socios son aquellos que cuentan con un mayor poder de decisión y de beneficios y que, muchas veces, subcontratan trabajadores para explotar las minas. Haciendo que las cooperativas operen bajo una lógica empresarial con ánimo de lucro y explotación laboral.

La Ley Minera, sancionada en 2014, otorgó al Estado boliviano mayor control sobre los recursos mineros, especialmente a través del fortalecimiento de la histórica Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como único agente habilitado para cerrar acuerdos con el capital privado sobre la explotación de yacimientos. Posteriormente, se negoció con los cooperativistas la inclusión de las empresas mixtas entre éstos y el Estado para suscribir ese tipo de acuerdos, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, la normativa regulatoria nunca fue del todo aceptada por éstos.

En concreto, una de las demandas más significativas de la FENCOMIN
- Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia- es la que promueve la modificación de los artículos 132 y 151 de la Ley Minera. El primer artículo alude a la obligatoriedad de que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional quien apruebe, o no, los contratos mineros; el segundo, prohíbe a las cooperativas mineras suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean éstas de capital boliviano o extranjero. Según lo registrado en el Ministerio de Minería y Metalurgia, actualmente son 31 las empresas privadas que tienen contratos de arrendamiento y de riesgo compartido con las cooperativas mineras bolivianas. Dos de estos contratos tienen vigencia indefinida, otros dos por 35 años, seis por 25, ocho por 20 y los restantes por menos de 10 años. [2]

Todos los acuerdos fueron firmados antes de la sanción de la nueva normativa, aunque, según los cooperativistas, dejaron de tener vigencia con la nueva Ley. Los socios principales de cooperativas individuales fueron en los últimos años: Mining Development Company, Manquiri SRL, Compañía Minera del Sur, ASC Filial Bolivia, American International Trading Incorporated-AITC Inc., e Inti Raymi. Desde el Gobierno sostienen que, de hacer lugar a los reclamos, Bolivia retornaría a la privatización de sus recursos mineros, como en los años del “gonismo” -considerando que la ley bajo la que se ampararon sus contratos, la 1777 de 1997, fue parte del Código de Minería sancionado por Sánchez de Lozada-.

Los cooperativistas también se oponen a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras, que establece el derecho a la sindicalización minera de los trabajadores de las cooperativas, en tanto argumentan que “desnaturaliza las cooperativas” y busca dividirlos. Por el contrario, desde el Gobierno afirman que la modificación de la ley no afecta a las cooperativas mineras, sino que ratifica la legalidad de los sindicatos que ya existen en las empresas de servicios, así como abre la posibilidad de que asociados con dependencia laboral en las cooperativas de servicios tengan derecho a la sindicalización.

Las cooperativas mineras en Bolivia tienen un importante peso laboral. Sin embargo, detrás de su velo se esconden poderosos “gamonales” que vulneran los derechos laborales de los mineros. Esto hace que muchos trabajadores de las cooperativas no dispongan de un salario estable, un seguro de salud o beneficios que les corresponden, como vacaciones, aguinaldo y aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP).

En este estrato inferior se encuentran miles de trabajadores no asociados, cuyas pagas son paupérrimas y las relaciones laborales a las que son sometidos son informales y precarias. Al respecto, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que nuclea a los mineros asalariados del Estado Plurinacional de Bolivia, afirmó “Ellos dicen que son más de 150 mil cooperativistas, pero cuando revisamos la lista de los que tienen seguro de salud, sólo 3.000 reciben atención en la Caja Nacional de Salud, eso muestra cómo la gran mayoría de los trabajadores no tiene acceso a la salud y esa es otra violación de sus derechos” [3].

Según el documento la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas de Bolivia UDAPE, publicado en 2015, se indica que entre 1990 y 2013 el promedio anual de las exportaciones mineras fue del 32,9%, pasando de $US407 en 1990 a $US 3.083 millones en 2013 [4]. El mercado extranjero, especialmente Asia, Estados Unidos, México e Inglaterra, es esencial para esta industria, vendiéndose el material en bruto sin valor agregado. En este sentido, la minería tiene un gran peso en la producción boliviana y dentro del ámbito minero, los cooperativistas constituyen un sector privilegiado que cuenta con ventajas en el pago de impuestos, concesiones estatales para explotar mineral sin licitación. Además, en la correlación de fuerzas políticas cuentan con siete legisladores, entre diputados y senadores [5]. Los privilegios que reclaman, como la posibilidad de asociarse con las grandes empresas mineras transnacionales, entra en conflicto con los postulados del gobierno de Evo Morales quien afirma que los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano y no a las corporaciones que intentan imponer su agenda.

Notas:

[1] http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2014/04/Cooperativas-MinerasBR.pdf

[2] http://www.opinion.com.bo/movil/index.php?id=198073

[3] http://www.noticiasfides.com/economia/fstmb-denuncia-que-detras-de-las-cooperativas-se-amparan-grandes-gamonales-de-la-mineria--369203/

[4] http://www.udape.gob.bo/portales_html/diagnosticos/diagnostico2015/TOMO%20%20III%20-%20SECTOR%20MINERIA.pdf

[5] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37199462

Este artículo se encuentra publicado en
http://www.celag.org/bolivia-violencia-ante-los-cambios-soberanos-a-la-politica-minera/