OMAL: Impacto Empresarial sobre Pueblos Indígenas

http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1115

El Observatorio de Multinacionales en América Latina y la Asociación Paz con Dignidad han dado a la luz en diciembre de 2008 un estudio de la mayor utilidad: Atlas de la Energía de América Latina y Caribe. Las inversiones de las multinacionales españolas y sus impactos económicos, sociales y ambientales. He aquí un informado panorama de la presencia de las empresas españolas en el sector energético de Latinoamérica y un incisivo análisis de sus impactos en los ámbitos económicos, sociales y ambientales o impactos, más concisamente, naturales y, en definitiva todos ellos, humanos, no dejándose de prestar atención a los efectos diferenciados sobre indígenas. Pues estimo que, aun con todo el esfuerzo desplegado y todo el resultado conseguido, hay problemas de procesamiento y evaluación de datos, quiero considerar la forma cómo se presta atención a indígenas.

Impacto Empresarial sobre Pueblos Indígenas

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

El Observatorio de Multinacionales en América Latina ( http://www.omal.info ) y Paz con Dignidad-Asociación de Solidaridad, Derechos Humanos y Cooperación para el Desarrollo ( http://www.pazcondignidad.org ) han dado a la luz en diciembre de 2008 un estudio de la mayor utilidad: Atlas de la Energía de América Latina y Caribe. Las inversiones de las multinacionales españolas y sus impactos económicos, sociales y ambientales ( http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=1843 ). El Atlas se presentó en el Foro Social Mundial de Belém, Pará, Brasil, a finales de enero.

Su valor es indudable. He aquí un informado panorama de la presencia de las empresas españolas en el sector energético de Latinoamérica y un incisivo análisis de sus impactos en los ámbitos económicos, sociales y ambientales o impactos, más concisamente, naturales y, en definitiva todos ellos, humanos, no dejándose de prestar atención a los efectos diferenciados sobre indígenas. Pues estimo que, aun con todo el esfuerzo desplegado y todo el resultado conseguido, hay problemas de procesamiento y evaluación de datos, quiero considerar la forma cómo se presta atención a indígenas.

A lo largo de la puesta en evidencia de una actuación empresarial de carácter todavía o de nuevo colonial aparecen casos de actividades corporativas, no siempre necesariamente españolas, que afectan esencial y gravemente a comunidades y pueblos indígenas. Así van compareciendo en una primera parte del Atlas que se dedica al trazado del panorama: comunidades Wayuu, Barí y Yukpas en Venezuela o la comunidad Wayuu del Cerrejón en Colombia versus empresas mineras; diversas comunidades frente a construcciones de presas como la Chixoy en Guatemala, la de Urrá en Colombia, la de Itaipú en Brasil y la de Ralco en Chile; acoso y deterioro de los territorios del pueblo Huaorani en el Ecuador, de los pueblos Ashaninka, Shuar Machiguenga, Ynes y Shipibo en el Perú, del pueblo Guaraní en Bolivia, de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil del pueblo Mapuche en Argentina, de los pueblos U’wa y Guahibo en Colombia, etc.

Una segunda parte del Atlas presenta responsabilidades más específicas frente a comunidades y pueblos indígenas por parte de empresas españolas: las de Repsol YPF por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia; las de Iberdrola por Bolivia, Guatemala y México; las de Endesa por Chile, Colombia, Panamá y Guatemala; las de Unión Fenosa por Colombia y Panamá; las de Pluspetrol, prácticamente hoy filial de Repsol YPF y líder del Consorcio Camisea, por Perú y Argentina… Los pueblos y comunidades indígenas afectados se intentan identificar por el Atlas particularmente cuando los impactos consumados o inminentes son o se auguran como especialmente graves, cual sea el caso por ejemplo de los que gravitan sobre los pueblos Ngöbe y Kuna en Panamá por obras en curso de Endesa para el proyecto SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central). La totalidad de comunidades y pueblos indígenas seriamente perjudicados ahora por el colonialismo económico español no se identifican ni yo sabría hacerlo.

¿Cabría hacerse? Debería hacerse el intento en un Atlas de este tipo. La falta de celo al respecto constituye, a mi juicio, un indicio de los problemas que se arrastran en el procesamiento y el análisis de los datos por cuanto interesa a indígenas. En primer lugar, falta relieve, comenzando por el que el índice confiere, índice en el que no hay ningún registro indígena. El de la segunda parte, la que se dedica a responsabilidades específicas de las empresas españolas, consiste en la secuencia de los Estados latinoamericanos. Respecto a cada uno se hace un repaso de empresas y cuestiones, las cuestiones de “Principales impactos”, con epígrafes ulteriores como éstos: “Sobre derechos humanos”, “Sobre los derechos laborales y sindicales”, “Sobre los derechos económicos y sociales”, “Sobre el medio ambiente”, a veces “Sobre el medio ambiente y las poblaciones indígenas”, mientras que otras aparece esto último como rubro distinto: “Sobre los pueblos indígenas”. Cuando estos pueblos no figuran en epígrafe, suelen considerarse, no en el de derechos humanos, sino en el de medio ambiente.

Considérese la lógica subyacente, no otra que la que suele contenerse en la usual expresión de “impactos ambientales y culturales”, entendiéndose en lo segundo los que aquejan a comunidades indígenas, como si sólo se afectase a sus culturas, no a sus territorios y recursos, y como si ello fuese secundario respecto al efecto sobre el medio o como si se incluyese en una misma dimensión del daño directo y específico a la naturaleza más que a la humanidad. Hay por supuesto otras formas de considerar una presencia humana como la indígena. La que resulta más apropiada desde la perspectiva de los derechos se refleja también, aunque incidentalmente, en este Atlas. He aquí una cita de lo más interesante al propósito: “se está pasando por alto el Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos para decidir sobre su territorio y sus recursos naturales”, refiriéndose a indígenas (p. 116). La consecuencia con esta observación hubiera requerido la agregación de datos, así como también la confección de gráficos y mapas, no sólo por Estados o en su caso por actividades o por empresas, sino también y sobre todo, junto a los Estados, por Pueblos, los indígenas, así identificándoseles y significándoseles.

No se trata de una mejor desagregación dentro de cada Estado o respecto a cada empresa, como tampoco de sustituir una agregación por otra, la de Estados por la de Pueblos. La de Estados guarda sentido también en lo que interesa a los pueblos indígenas. El acoso se acomete y la depredación se comete por las empresas no sólo por sí mismas, sino también por la cooperación, el respaldo, la complicidad, el encubrimiento, la receptación, la habilitación o la acción directa en beneficio empresarial por parte y obra de los Estados. Los pueblos se encuentran en condiciones muy diversificadas de cara a las empresas según la legislación, la jurisprudencia y las políticas del Estado en suerte. A esto no deja de haber referencias en el Atlas, pero no es asunto que se aborde sistemáticamente con la debida distinción y de forma analítica. El índice tampoco lo facilita. Parece con todo que hubiera procedido una doble agregación de datos, por Estados y por Pueblos, cuyo mismo cruce habría conducido al tratamiento más completo de las políticas públicas en relación a las formas perniciosas de introducirse y actuar las empresas privadas en medios indígenas.

Naturalmente, el problema no es el de que se emprendan proyectos como el referido del SPIAC y tantos otros ni el de que participen en ellos empresas foráneas, sino el de que todo esto se haga sin respeto a la presencia indígena y atropellándose sus derechos, comenzándose por el de libre determinación y prosiguiéndose por el de la exigencia de contarse con su consentimiento libre, previo e informado, conforme a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Atlas, que registra este extremo de la libre determinación como hemos visto, no deja de contener alguna referencia a sucedáneos: “A pesar de la imagen verde que proyecta en sus anuncios y en su política de Responsabilidad Social Corporativa (…), no ha respetado (Iberdrola) los derechos territoriales de los pueblos indígenas” (p. 62).

Si las empresas partiesen del respeto a los derechos humanos y, con ello, conforme al actual derecho internacional, a los derechos de los pueblos indígenas, abandonando de este modo coartadas tan reiteradas como la de que el derecho internacional de los derechos humanos concierne sólo a los Estados, ¿qué otra responsabilidad social corporativa iba a hacerles falta? ¿Qué mejor código de conducta podrían tener? De adoptarse, la presencia española en América podría por fin dejar de ser colonial y llegaría a hacerse innecesario un Atlas de este tenor fundadamente denunciatorio.