Entrevistas a Héctor Mondragón

Héctor Mondragón, de la Convergencia Campesina, Negra y Indígena Entrevista

http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=3152&Itemid=86
lunes, 25 de febrero de 2008
Duración: 16:39
El papel de resistencia de Cuba, el Plan Colombia, el paramilitarismo, los agrocombustibles y el ALBA son algunos temas que analiza este activista social colombiano.


 La guerra en Colombia no es porque haya pobreza, sino porque hay riqueza

http://www.conflicto.net/personal/hmondragon/entrevista.htm

Claves para entender el conflicto en Colombia y América Latina

Carlos Obando entrevista a Héctor Mondragón

El recién elegido y posesionado presidente de La Republica de Colombia, país suramericano, Alvaro Uribe Vélez, llegó a este cargo después de ganar las elecciones con un 53% de la votación en segunda vuelta. Los análisis de porqué un candidato de derecha gana estas elecciones en un país que históricamente ha votado por el centro, políticamente hablando, parece ser que tiene que ver con su principal propuesta planteada en su programa de gobierno y utilizada como caballito de batalla en su camino a la presidencia del país: combatir a la guerrilla militarmente.

La diferencia con el anterior gobierno que planteó una negociación política al conflicto armado, pero que a la postre dejó más desencanto que logros parece ser también el cambio de actitud de una mayoría de la población colombiana. Uribe Vélez ha venido articulando una política para la guerra contra la guerrilla que sorprende cada vez más a los colombianos. Lo primero que hizo una vez presidente, fue crear un nuevo impuesto que recaudará dos billones de pesos para operaciones militares, conformar un ejercito de un millón de informantes civiles que ayudarán a cuidar las carreteras, asediadas desde hace unos años por las guerrillas, y finalmente en las últimas semanas su iniciativa más polémica que todas las anteriores tiene que ver con armar a miles de campesinos en la ancha geografía colombiana.

Para muchos ésta decisión es el primer paso hacia una sangrienta guerra civil,

pues estos campesinos, jóvenes en su mayoría, vivirán en sus casas y continuarán con sus actividades de estudio o trabajo, pero tendrán entrenamiento militar, aunque menos especializado que el del resto de la tropa. Cuidarán puentes o infraestructura de su zona y adelantarán labores de inteligencia. La guerra de Uribe contra la guerrilla tiene dos focos de atención: uno es la lucha contra el narcotráfico y el otro es el control del territorio. El gobierno apunta a recuperar para el Estado el territorio perdido en los últimos años por el crecimiento acelerado de las guerrillas colombianas y el recrudecimiento de las acciones militares que han desplazado cerca de dos millones de campesinos de sus tierras.

El futuro de esta guerra está definido y cada vez la estrategia es más consecuente. El país salió de su etapa de negociación y salida política de la guerra y eligió a un presidente que cree que la apuesta militar es la vía más clara y rápida para dirimir el conflicto colombiano. La pregunta hoy en Colombia y en Latinoamérica, puesto que esto afecta al resto de países del continente, es si esta nueva táctica conducirá a la solución definitiva de este conflicto o peor aún hacia su agudización.

Para hablar de este tema que tiene a Colombia en un momento histórico y que es un país estratégico para los intereses directos de los Estados Unidos en el continente, entrevistamos a Héctor Mondragón en su paso por Barcelona, después de haber asistido al foro antiglobalización en Florencia como expositor por Latinoamérica. Mondragón es colombiano y un agudo analista del conflicto social y armado colombiano. Economista y experto en comunidades campesinas e indígenas, ha trabajado como asesor del Consejo Nacional Indígena y del Consejo Nacional Campesino de Colombia. Su lucha civil y permanente por el reconocimiento de las conquistas de los campesinos e indígenas colombianos en toda su historia, lo tiene amenazado de muerte y lo ha obligado a refugiarse en años anteriores fuera del país.

Pregunta: ¿Se ha planteado que en Colombia el conflicto armado tiene su origen en la enorme desigualdad que existe en la distribución y posesión de la tierra. Qué tiene de cierto esta tesis?

Héctor Mondragón: La tierra es históricamente la base de subsistencia y permanencia de las comunidades. No es simplemente un componente productivo, sino también, el elemento del cual deviene la vida de las comunidades. El conflicto armado está generando desarraigo y desplazamiento en las comunidades rurales, porque la dinámica de la guerra los está obligando por miedo o terrorismo a dejar sus comunidades y venirse a la ciudades. También obedece este fenómeno a que no sólo en Colombia, sino también, en todo el continente hay una serie de megaproyectos con intereses de los norteamericanos y de trasnacionales europeas que quieren obligar a las comunidades a salir de sus territorios tasando sus tierras en un valor comercial. Se desconoce las garantías conquistadas por las comunidades en sus territorios, sobre todo indígenas, que por siglos han resistido el embate de colonizadores venidos de diferentes lugares e intereses.

Las personas que concentran la propiedad de la tierra en Colombia son apenas cinco mil y para ellos no interesa la tierra como factor productivo sino únicamente como dinero. Suben de precio por su ubicación cercana a estos megaproyectos y no se expropia para cultivarla, sino para acelerar un proceso de destrucción de la agricultura y luego especular con ellas y venderlas a estos megaproyectos petroleros, como el caso de Repsol o de carreteras intercontinentales o canales fluviales o marítimos. En conclusión la guerra en Colombia no es porque haya pobreza, sino porque hay riqueza y todo lo que esté cerca de estos intereses, generalmente de transnacionales, es convertido en objetivo de guerra.

PR: Cuál es el objetivo de la guerra en la Colombia de hoy?

HM: El objetivo de la guerra es desplazar a la gente, sacarlos de su territorio y se lo propone específicamente con diferentes pretextos. Hoy el pretexto es el narcotráfico, la guerra contrainsurgente, la lucha contra el terrorismo, y no es que estas cosas no existan, existen, pero se utilizan como pretextos para sacar a la población civil de las áreas que las quieren desplazar. En la visión economicista del neoliberalismo hay una rentabilidad, no desde la sociedad, sino desde el punto de vista de los inversionistas. Lo que no es rentable a la inversión trasnacional se considera población inviable y por tanto se utiliza la estrategia del desplazamiento. El mapa del conflicto armado en Colombia, esto ya se ha demostrado, coincide con el mapa de los territorios en los que hay grandes proyectos de inversión.

PR: A que juegan los actores armados en este conflicto?

HM: Yo creo que los actores armados que son la guerrilla y el poder tradicional con sus diferentes formas de acción, una de ellas es el paramilitarismo, conectado a los grandes terratenientes y emporios económicos tiene la misión de “romperle el espinazo al sindicalismo”, una frase utilizada hace un par de años por el FMI (Fondo Monetario Internacional), para referirse al problema colombiano. Basta ver los 183 sindicalistas asesinados el año pasado en Colombia, es una cifra que demuestra que se le está rompiendo el espinazo a los trabajadores en Colombia y se le está rompiendo a balazos. Esos paramilitares que han asesinado estos sindicalistas son funcionales a ese interés del FMI y eso lo podemos ver en sectores que se han resistido a la privatización como es el caso de las hidroeléctricas, o del petróleo en el que los trabajadores no han permitido que se privatice y por eso ponen todos los días muertos y son asesinados cada día dirigentes petroleros. El caso de la salud y de los maestros es igual, una violencia que funciona en beneficio de la privatización de los grandes recursos y proyectos. En cuanto a la guerrilla, hay que decir que surge como una propuesta espontánea de los campesinos del 50, con dos ideas: la primera conservar la vida de las masacres de liberales y conservadores y la segunda vengarse. Hoy la guerrilla recluta a jóvenes y mayores, los primeros porque ven en la guerrilla la posibilidad de vengarse de las masacres de los paramilitares y del mismo Estado y los segundos porque no quieren irse a la ciudad a pedir limosna que es el único camino que tienen. Esto ha ido creciendo la guerrilla considerablemente.

PR: Otro factor adicional del conflicto es el narcotráfico. Cómo analiza esto en la guerra?

HM: Yo no creo que sea un factor adicional, creo, mas bien, que es un factor propio de este conflicto. Los colonos empezaron a cultivar un producto que se ha convertido en el producto central de la agricultura nacional, cosa que ya había pasado con otros como el café en otra época. Aquí se repite la historia; el campesinado se va a la zona de colonización y encuentra que hay un producto cultivable y rentable a diferencia del café que dejó de serlo hace tiempos por intereses de multinacionales. La mafia en Colombia no cultivaba, los cultivos grandes de gente que al mismo tiempo comercia la cocaína son recientes y son una estrategia de los paramilitares para financiarse. El campesino que cultivaba la coca no es el que se lucra de la cadena comercial. Los cálculos económicos del negocio dicen que por cada dólar que recibe el campesino propietario de la tierra y el campesino raspachin que es quien recoge la hoja de coca, la mula (quien lo lleva a Estados Unidos) recibe 2 dólares y la mafia local que controla el negocio recibe 17 dólares, pero la mafia de Estados Unidos que lo distribuye en las calles recibe 40 dólares. La guerrilla recibe un apoyo de los colonos y les cobra a los narcotraficantes lo que ellos llaman vacuna, allí donde tienen control territorial, y entonces aparece una lucha por dominar estos territorios del circuito del narcotráfico donde los paramilitares y la fuerzas del Estado participan de forma directa. Hay una disputa a muerte por estos territorios y el flujo de dinero que se genera. Estados Unidos tiene interés en el negocio no porque su política que enuncia sea la de proteger a sus ciudadanos del consumo de drogas y por la que tiene una lucha radical contra la droga, sino porque es un elemento del poder económico y le interesa coger toda la cadena productiva para revertirlo en el conflicto. En la practica de la guerra, Estados Unidos no está en contra del tráfico de drogas, sino del control que la guerrilla puede tener sobre el negocio que lo utiliza como forma de financiación de la guerra

PR: Cómo afecta este conflicto colombiano a toda América Latina?

HM: Estados Unidos está tratando de imponer el ALCA, que es un tratado unilateral y de libre comercio entre ese país y Latinoamérica. Si se impone este tratado golpearía a toda la industria agrícola del continente y significaría una liquidación total de ésta, y sólo quedarían algunos productos que no se producen en América del Norte y que les interesa que se siembre como es el caso de la palma africana. Incentivarían cultivos del trópico con bajísimos aranceles que comercializarían sus trasnacionales y el resto de los productos quedarían liquidados. El gobierno colombiano es completamente abierto a Estados Unidos y expresa la decisión de acogerse a los planes de comercio desigual de las trasnacionales y de Estados Unidos. Brasil y Venezuela son los únicos países que no le juegan al ALCA tal y como lo expone los americanos y ya empiezan a sentirse movimientos sociales y campesinos fuertes en otros países manifestándose en contra de este tratado como Ecuador, por ejemplo. Con el triunfo del candidato Lula en las últimas elecciones en Brasil empiezan a gestarse con Venezuela relaciones que preocupan a Estados Unidos, por eso la campaña de descrédito mediático con el presidente Hugo Chávez es tan fuerte hoy, porque él ha sido un abanderado en América Latina de renegociar los tratados comerciales con los americanos. El peligro que hoy existe es que si estas alianzas son exitosas se pararía el ALCA y el conflicto armado colombiano sería, entonces, el pretexto para una intervención militar en Suramérica para imponer el ALCA por la vía militar y del chantaje como ya está ocurriendo con Colombia a quien senadores americanos amenazan con recortar el presupuesto y de bloquear económicamente al país si atiende las alianzas que hoy gestan Brasil y Venezuela. En resumen, sí el neoliberalismo llegó a América Latina en las botas de Pinochet, el ALCA quiere llegar en los helicópteros del plan Colombia.


 Al ritmo de Tierra Liberada

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/emperatriz2.html

Por Héctor Mondragón.

Si al fin se hiciera justicia para reparar a las víctimas de centenares de masacres cometidas en los últimos veinte años en el campo colombiano, y además por las cometidas entre 1946 y 1958, la principal medida sería devolver la tierra a los campesinos, indígenas y afrocolombianos a quienes una y otra vez les ha sido quitada la Madre Tierra, a sangre y fuego.

Al amanecer del 2 de septiembre de 2005, dos centenares de comuneros del Resguardo indígena Nasa de Huellas, se atrevieron a hacer cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que el Estado colombiano debía entregarles tierra. Dicha sentencia fue impuesta como parte de la reparación integral por la masacre cometida por paramilitares, de que fueron víctimas el 16 de septiembre de 1991, en la Hacienda Nilo ocupada por ellos, donde fueron asesinados 20 indígenas, entre ellos niños.

Cansados de esperar por 14 años la justa reparación, los comuneros ocuparon la Hacienda “La Emperatriz”. La represión no se hizo esperar y tuvo un resultado inesperado: combates con la policía, gases, presencia del Ejército, disparos de armas de fuego contra la gente, indígenas heridos a bala. Nada aterrorizó a los ocupantes, sino que su resistencia civil encendió el corazón de más y más indígenas. Fue imposible desalojar a los ocupantes y cada día había más. Cuando el 13 de septiembre el Ministro del Interior negoció con los Nasa, eran tres mil quinientos y ocupaban además otra hacienda: “Guayabal”.

Este hecho marcó un cambio histórico. Fue la primera derrota del terror que, en Colombia, paralizó la lucha directa por liberar la tierra de manos del latifundio. La masacre de Nilo significó la aplicación de la condena de muerte contra todo aquel que se atreviera a desafiar a los amos. Condena aplicada a campesinos, indígenas o afros, sin discriminación. Así, entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, el terror se abalanzó contra los campesinos afiliados al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, SINTRAGRITOL en Cajamarca, que en marzo anterior habían ocupado la finca La Manigua, propiedad de un embajador colombiano. Cinco campesinos aparecieron brutalmente torturados y asesinados y 18 fueron “desaparecidos”. El 10 de abril de 2004 el Ejército mató allí mismo a otros tres campesinos, a un bebé y un niño.

En el 2005, el 24 de enero, Luz Miriam Castaño, presidenta de la Asociación Campesina “La Conquista” de Cajibio, Cauca, fue asesinada. Ella lideró en el mes de diciembre de 2004, la ocupación de la hacienda “La Chola” y había sido amenazada por esta razón. “No insista”, le dijeron.

Toda la crueldad contra quien se atreviera a liberar la tierra, consolidó una gigantesca contra-reforma agraria que permitió que hoy el 61% de la propiedad rural registrada pertenezca a sólo el 0,4% de los propietarios, es decir, 15 mil personas, una de las cuales es el Presidente álvaro Uribe Vélez. Cerca del 70% de los Congresistas también hacen parte de ese selecto grupo. Ellos son hoy el Gobierno de Colombia, a punto de ser reelegidos. El mensaje de las masacres era claro “¿Quién como ellos? ¿Quién puede luchar contra ellos?”.

Ellos, al fin y al cabo ganaron el apoyo de Estados Unidos mediante el Plan Colombia, destinado a defender este statu quo como contrapartida por el apoyo de la clase dirigente colombiana al Tratado de Libre Comercio y al ALCA y por la modificación de la legislación petrolera, minera, forestal, de aguas, de inversiones... Un trueque que garantiza además a los latifundistas la especulación con el precio de la tierra en las áreas cercanas a las inversiones y megaproyectos de las transnacionales.

Se consolidó un latifundismo que no depende de la producción agropecuaria sino de la especulación. Las plantaciones, especialmente de palma africana, la explotación maderera o la ganadería, tienen la función primordial de garantizar el dominio territorial y no la producción en sí misma. El gobierno de Uribe comenzó a aprobar la legislación necesaria para legalizar el despojo de tres millones de desplazados. La ley que reduce el tiempo de prescripción de la propiedad, el plan de desarrollo, las recientes resoluciones que legalizan los cultivos de palma africana en los territorios comunitarios de los afrocolombianos y les despojan de tierra, son apenas parte de las normas destinadas a perpetuar las conquistas hechas a sangre y fuego. El acuerdo con los paramilitares es el toque final para lavar dineros y tierras.

Como contraparte, la acción de los Nasa sobre “La Emperatriz” ha sido el verdadero lanzamiento de la consigna “Justicia y Reparación” para las víctimas de ese imperio infame. Han sido los Nasa los primeros en hacer verdad este grito, porque fueron ellos quienes en septiembre de 2004 llamaron a la Gran Miga que recorrió la carretera hasta Cali, con 60 mil indígenas, para oponerse a los proyectos de reforma constitucional de Uribe y a la violencia; para decirle no al TLC y sí a la vida y al proyecto de autogobierno de los pueblos. Porque fueron los Nasa la columna vertebral de la consulta popular contra el TLC que conmovió 6 municipios del Cauca que votaron como nunca lo había hecho para rechazar el engendro del “libre” comercio con Estados Unidos, que se encuentra indisolublemente ligado con la contra-reforma agraria del latifundio especulativo y la liquidación de la agricultura nacional.

La resistencia exitosa de los Nasa en “La Emperatriz” desbarató el nudo del terror que ataba las mentes. Campesinos, indígenas Misak (Guambianos), Coconucos y Nasa, vieron claro “como cuando un relámpago ilumina la noche y permite ver cómo será el amanecer”. Aunque existen muchas contradicciones entra cada uno de ellos, que por años les impidieron actuar juntos, todos llegaron a una conclusión unánime: llegó el momento de recomenzar la liberación de la tierra.

Cada uno por su cuenta decidió que el día indicado era el 12 de octubre, 513 aniversario del inicio de la resistencia, día en que las centrales obreras convocaron a sus afiliados a un paro nacional. Campesinos e indígenas del departamento del Cauca tomaron 15 haciendas: “Miraflores”, entre Corinto y Miranda, donde 3 mil campesinos reclamaron su derecho a la tierra; indígenas y campesinos de Paletará, Puracé y Coconuco ocuparon las cuatro fincas en que se dividió la antigua hacienda Cocunuco; en Silvia fueron ocupadas "Los Remedios”, por los indígenas de Kisgó, y "Ambaló", por los Misak; y en Caloto, El Japio, propiedad de Garcés & Compañía, por los Nasa, de Caldono.

Cada evento repitió lo ocurrido en “La Emperatriz”. Fueron varias las ocasiones en que la Policía comunicó por televisión, radio y diarios, que los ocupantes habían sido desalojados, y otras tantas veces la televisión mostró a los ocupantes firmes en las fincas. Por primera vez millones de colombianos vieron en directo los enfrentamientos por la tierra. Solamente en los casos que hubo acuerdos, los ocupantes se retiraron por propia voluntad, en los demás siguieron allí.

Los Gobiernos Nacional y del Cauca quisieron aparentar que las ocupaciones fueron solamente indígenas, y acusaron, por los grandes medios, a los indios de tener “mucha” tierra“a costa de los campesinos y negros”. Pero, la realidad mostró la alianza campesina-indígena en las ocupaciones. La “mucha tierra” indígena no está en el Cauca, donde 800 terratenientes tienen la misma cantidad de tierra que 240 mil indios y las pequeñas parcelas, incluidas las indígenas en los Resguardos, las campesinas y afro, son el 54,1% de las explotaciones del departamento, pero apenas disponen del 8,9% de la tierra de agrícola o pecuaria. Tampoco están en el resto de los Andes, sino en la Amazonia, donde el Estado no ha dado nada sino apenas reconocido la posesión inmemorial de los pueblos amazónicos.

En el encuentro interétnico en Santander de Quilichao, los afros no denunciaron a los indígenas sino al gobierno por quitares las tierras y afianzaron su alianza con los Nasa. Manifestaciones, organizadas por el latifundista Gobernador del Cauca contra los indígenas, poco concurridas (500 personas), fueron hechas por “campesinos urbanos” y empleados públicos con sus familiares.

Mucho más importante, pudo constatarse también que lo ocurrido en el Cauca fue parte de una movilización nacional de indígenas, campesinos y afros. En el mismo departamento, en Nariño y Valle se movilizaron adicionalmente a las ocupaciones, 25 mil de ellos exigiendo solución inmediata a su crítica situación de pobreza. En Inzá (Cauca) 5 mil campesinos e indígenas bloquearon la carretera. Entre Mallama y Ricaurte (Nariño) 4 mil campesinos e indígenas Awá marcharon durante dos días contra el TLC y la política de "seguridad democrática" y por el respeto a los derechos humanos. Dos mil campesinos bloquearon la vía La Vega (Cauca)-Popayán en San Miguel, en apoyo al paro nacional, a la liberación de la Madre Tierra y al proyecto de ley agrario. Mil campesinos bloquearon la vía al Huila en el sitio Gabriel López. Cuatro mil personas marcharon desde "Mi Bohío" en el sur del Cauca hasta Popayán, donde se unieron a la marcha urbana. En Barbacoas (Nariño), 3 mil afrocolombianos y campesinos tomaron el casco urbano reclamando agua potable y soluciones para sustituir los cultivos ilegales. En Buenaventura 5 mil afros marcharon en apoyo al paro y en protesta por las resoluciones del gobierno que eliminan sus derechos.

En Caldas y Risaralda se movilizaron masivamente los Embera en Minga en defensa de sus territorios: quince mil indígenas en dos marchas, una desde Belén de Umbría hasta Pereira y otra de Santa Rosa de Cabal a Manizales. Las dos movilizaciones fueron prohibidas por el Gobierno Nacional, dejando un indígena muerto y varios heridos, durante la represión. 20 mil campesinos y pequeños empresarios agrícolas de los departamentos del Tolima y Huila e indígenas del Huila se concentraron en la ciudad de Neiva, rechazando el TLC. Se registraron concentraciones campesinas Fusagasugá (Cundinamarca), Tunja y Ventaquemada (Boyacá). Entre Sampués y Sincelejo (Sucre, Costa Caribe) marcharon 5 mil indígenas que se unieron al llegar a la marcha sindical. En Santa Rosa Sur de Bolívar, se cumplió una romería de mil mineros artesanales que protestaron contra la multinacional Kedahda, filial de la AngloGold Ashanti, que quiere quedarse con la explotación del oro de la serranía de San Lucas.

La movilización del 12 de octubre fue prueba evidente de un nuevo ascenso de la lucha campesina afro e indígena, que ya se había hecho sentir tanto en la Minga indígena en Tolima (un mes antes) y en la ocupación de la hacienda “Balsillas” en se departamento. También en dos marchas campesinas multitudinarias a Carmen de Bolívar (la última en septiembre); dos levantamientos contra los paramilitares en San Pablo (sur de Bolívar) la ocupación campesina de Cantagallo (sur de Bolívar); y los paros cívicos en varias localidades de la costa Pacífica. Del 4 de noviembre al 11 de noviembre fue ocupada la iglesia de San Francisco en Bogotá, por 700 afrocolombianos que exigieron respeto a las normas de etnoeducación y a sus tierras colectivas.

También los obreros rurales se han movilizado. En enero 1300 trabajadores de la palma africana realizaron una huelga victoriosa de tres semanas en San Alberto, Cesar, para reclamar reajustes salariales. La mayoría pertenecen a tres “cooperativas de trabajo” impuestas hacia 1990, cuando los dirigentes del sindicato fueron obligados, bajo amenazas de muerte, a renunciar a la convención. En mayo, junio y julio, ocurrió un alentador levantamiento de los corteros de la caña de azúcar. El 25 de mayo, 2.700 corteros del Ingenio del Cauca, bloquearon las entradas a la factoría y presentaron un pliego petitorio. Con la simpatía abierta de la población, tras 5 días de huelga lograron un acuerdo victorioso. El ejemplo prendió y en pocas semanas pararon 7 mil corteros en los ingenios Mayagüez, Manuelita, La Cabaña, Pichichí, Central Tumaco, Castilla y María Luisa. Los Nasa se movilizaron en apoyo a los corteros tanto durante la huelga como posteriormente para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el ingenio la Cabaña.

El Gobierno teme que se extienda la liberación de la Madre Tierra, por eso desde la tarde del 8 de noviembre atacaron a los Nasa que ocupan El Japio, con tanquetas, escuadrones de policía y disparos de arma de fuego. Quieren matar la lucha y por eso mataron el 10 de noviembre a Belisario Camayo Wetetó, guardia indígena de 16 años, e hirieron a bala a Gerson Menza. Fueron nueve intentos fallidos de desalojo. Mientras los Nasa resistían los ataques policiales en El Japio, los Misak de La María ocuparon el 9 de noviembre la hacienda “Corazón” en Piendamó. Cientos de campesinos sin tierra unidos con indígenas ocuparon desde el 10 de noviembre tres fincas en el municipio de Morales, también en el Cauca. El 16 de diciembre fue elegido y se posesionó el Cabildo, la autoridad indígena de El Japio.

Lo que el actual Gobierno jamás hubiera querido. Reforma agraria popular. Liberación de la Madre Tierra. Todos los hemos oído este ritmo, con el corazón. No dejará de sonar hasta que por fin haya justicia y reparación.

Colombia, 07 de enero de 2006