Delegación asturiana con Emberas desplazados en Bogotá y con organizaciones en Soacha.

¿Quién se anima a describir una población como la de Ciudad Bolívar en la periferia de Bogotá? ¿Son un millón y medio, dos millones de personas habitando cerros y recovecos, organizándose la vida a codo de lugar, estableciendo normas de sobrevivencia en medio del desamparo?

¿Cuánto tiempo, cuántos recursos para viajar de aquí a otros lugares de la ciudad a buscar trabajos, a realizar burocracias, a recibir atenciones sociales difíciles de conseguir?

¿Y por qué a este lugar peculiar han llegado más de 300 personas embera katío y embera chamí huyendo de la violencia promovida en sus comunidades del Chocó por empresas extranjeras que sacan oro de las entrañas de sus territorios ancestrales.?

Responsables de DDHH de la ONIC acompañan a la delegación astur para compartir los miedos, las preocupaciones, las propuestas de unas personas que han sufrido este tránsito bestial de la selva libre a la selva de cemento y burocracias de la capital colombiana.

Cada migaja conseguida ha tenido que ser con movilizaciones para exigir derechos como ciudadanos. Y el rebusque de sobrevivencia con las artesanías, sus chakiras.

Pero incluso en el intento de venta de ellas han sufrido la represión de la policía. Dos mujeres golpeadas a las que se provocó aborto. Al no hablar el castellano el funcionariado desvirtúa sus reclamos. Las atenciones sanitarias elementales son negadas. Las casas alquiladas tienen para pocos meses, en tanto que allá en su territorio lejano no se les garantiza el retorno porque la violencia continúa.

Demandan y proponen una reubicación a campo, que se eterniza, mientras que sus culturas tan diferentes de las urbanas , la desatención del estado, les induce a una realidad de limosneo, cuando eran dueñas y dueños de la Selva.

Otras de estas familias han llegado desplazadas a Medellín, a Pasto, a otras ciudades, dificultándose que permanezcan como comunidad y con autoridades y representantes unificados.

La ONIC trata de sintetizar la situación:

- Hay desconocimiento de Derechos por parte del gobierno.
Los proyectos mineroenergéticos, oro, coltán, petroleo, carbón vegetal, se imponen violando la consulta previa. Otros megaproyectos como el canal interoceánico, la carretera, la llevada de coca por actores armados y connivencia gubernamental, desbarata a las comunidades y sirve de pretexto para justificar la militarización, así que

- se provoca el desplazamiento forzado
- hay confrontaciones de ELN, disidencias, paramilitares
- se provocan confinamientos de las comunidades, y hay afectación de las minas antipersonas.
- muchos liderazgos indígenas son asesinados, sean autoridades o médicos tradicionales,
- se expropian tierras comunitarias
- Conflictos interétnicos: las AGC, paramilitares, producen confrontación entre indígenas y afros.
- se implementan economías ilegales, que incluso extorsionan a los procesos sociales, y se obliga a pagar impuestos ilegales,

y todo ello induce a un camino de genocidio en el Chocó y otros lugares.

El descoloque que produce la presencia de tantos grupos armados hace que se extrañe la presencia de las antiguas FARC: al menos antes se sabía quien era el interlocutor.

El gobierno no tiene ningún Plan frente al desplazamiento, y de ahí el sufrimiento de estas familias y otras miles en las ciudades.

La ONIC en cambio tiene propuestas:

- Prevenir el desplazamiento. Exigir que la Paz, el Acuerdo, se cumpla. Un Plan de protección colectiva. Formar, capacitar, exigir al gobierno que cumpla con su deber de inversión social. Es urgente el cuidado ante los conflictos interétnicos, garantizar los derechos colectivos, la consulta previa, el ejército debe respetar a las comunidades..

- Exigir planes de atención con enfoque diferencial. Un plan de denuncia, las Unidades militares cumplir su papel encomendado en la Constitución, las Unidades de Víctimas con enfoque diferencial, evitar la revictimización en las ciudades, y un Plan de Reubicación.

- El papel clave de la comunidad internacional. Es urgente que desde fuera “se pare bolas” a la situación indígena.
La ONU tiene actuaciones muy tibias cuando debiera ser exigente.
El Plan de incidencia de la ONIC incluye una gira y visita anual por Europa y USA.
El PNUD tiene pendiente una ruta muy necesaria de implementar para cumplir su cometido.

En la tarde, desde Ciudad Bolívar a Soacha, sin salir de poblaciones masivas y deprimidas.

Hasta un salón comunal han llegado numerosas personas, más de las esperadas, para testimoniar sobre la brutalidad policial que se ha cebado en los últimos meses en esta población.

Hay representantes de la FCSPP, de las víctimas de septiembre pasado en San Mateo-Soacha, de la Rosa Negra, del colectivo 9 de septiembre, del colectivo Diego Felipe Becerra, de Lazos de Dignidad, de DHColombia, está una de las Mamitas de Soacha doña Luz Marina Bernal, el MOVICE, el CPDH, una de las victimas del Palacio de Justicia, un colectivo de afectados por trauma ocular (disparos de la policía a los ojos), la Red contra el abuso de autoridad, los escudos azules, y esposas y hermanas de los muchachos asesinados en Soacha por una estructura policial que definen como de gran poder, y amparados en la impunidad que les proporciona que sean juzgados por una justicia militar propia, debido que pertenece, la policía, al ministerio de defensa.

Los testimonios son muy duros, sobre varias de las masacres. Jesús Alirio, Cristian Gilberto, Oscar Galindo, Jeison Andrés, Anderson, Bernardo, Carlos Alberto González, Juan David.. a los que los policías dejaron quemarse en una de sus estaciones, e impidieron que sus familiares pudieran socorrerles. Incluso la sospecha o seguridad de estos familiares de que finalmente hubieran sido torturados y asesinados cuando se los llevaron heridos.

La falta de acceso a la información, los numerosos casos de violencia en que únicamente puede prosperar la denuncia si la herida es de bala y esta ha quedado en el cuerpo y coincide con las armas policiales, a menudo manipulados los proyectiles para que hagan más daño.

Los teléfonos intervenidos, los correos hackeados y las amenazas recibidas por los familiares por aspirar a recibir justicia. Los otros 3 asesinatos de jóvenes en Ciudad Verde-Soacha, el pacto de silencio policial, la petición de observatorio internacional ante 500 asesinatos a manos de una policía que precisa de una urgente reforma que los familiares y víctimas piden a gritos.

La aspiración a que las comisiones de ddhh puedan verificar, cosa cada día más difícil porque incluso les disparan.

Y la petición organizada, común, de que desde el estado español se tenga mirada continuada para que esta brutalidad de la policia no tenga mayor recorrido.